Éxito Noticias, 27 de agosto 2026.- El abogado Lucas Wilbur Tórrez Añez presentó ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz una denuncia contra María Elena Urquidi Barbery, esposa del presidente Rodrigo Paz, para que el Ministerio Público investigue de oficio presuntos hechos de corrupción. El documento también menciona al argentino Fernando Cerimedo, vinculado al entorno político del mandatario, como otra de las personas sobre las que se solicita verificar posibles irregularidades.
En el memorial, Tórrez pone en conocimiento de la Fiscalía información que, según sostiene, podría constituir una “notitia criminis”, es decir, hechos que podrían ser considerados delitos y que requieren ser verificados por el Ministerio Público. Entre los aspectos que pide investigar están presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones, importación y comercialización de combustibles, oro y seguros, además de un eventual beneficio económico indebido.
El abogado solicita que la Fiscalía realice una investigación objetiva y, además, preserve y produzca elementos de prueba que permitan establecer si existieron o no delitos. En el documento cita normas de la Constitución, el Código de Procedimiento Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Lucha Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, como fundamento para su pedido.
La denuncia surge después de que la abogada y activista Nadia Beller realizara públicamente acusaciones contra Urquidi, a quien señaló por presuntos hechos relacionados con el manejo y comercialización de combustibles. Beller también afirmó que determinados contratos o negocios pasarían por manos de la primera dama y mencionó supuestos vínculos comerciales de su familia con brokers. Estos señalamientos forman parte del contexto que ahora el denunciante pide que sea verificado por la Fiscalía.
Por el momento, la presentación de la denuncia no significa que María Elena Urquidi o Fernando Cerimedo sean responsables de algún delito, sino que se solicita al Ministerio Público investigar los hechos y determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones. El documento presentado ante el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, busca que la Fiscalía establezca si hubo irregularidades y, de ser así, identifique a los responsables.
