Éxito Noticias, 19 de agosto 2026.- El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, evitaron emitir criterios sobre las denuncias realizadas por la activista y abogada Nadia Beller y coincidieron en que corresponde al Ministerio Público esclarecer los hechos.
Justiniano expresó su solidaridad con Beller y manifestó su deseo de que se recupere de las heridas que sufrió tras el ataque armado. La autoridad sostuvo que, mientras avanza la investigación, no corresponde adelantar conclusiones ni intervenir en el trabajo de la Fiscalía.
“Nosotros lamentamos lo que le ha sucedido a la señora Beller”, afirmó el ministro, al referirse al caso.
El titular de Defensa remarcó que las pesquisas deben seguir el conducto regular y aseguró que su cartera no interferirá en el proceso. “No vamos a adelantar ningún tipo de criterio”, sostuvo.
Asimismo, recordó que el Gobierno sostiene el principio de que todas las personas deben responder ante la justicia, sin importar su posición o vínculo con autoridades.
“Nadie está por encima de la ley”, señaló Justiniano, en referencia a la postura asumida por el Ejecutivo frente a las denuncias.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, también se refirió a las acusaciones formuladas por Beller y sostuvo que será la justicia la encargada de establecer responsabilidades.
La autoridad aseguró que no existirá encubrimiento y que las denuncias deberán ser investigadas por las instancias correspondientes.
Respecto a Fernando Cerimedo, señalado por Beller en sus declaraciones y actualmente investigado por el ataque contra la activista, Zamora reconoció que conoce al ciudadano argentino, aunque aclaró que no mantiene contacto reciente con él.
“Lo conozco, pero ya no lo veo desde hace tiempo”, señaló el ministro.
Las declaraciones de ambas autoridades se producen después de que Beller realizara una serie de acusaciones contra personas vinculadas al entorno del Gobierno. Entre ellas, mencionó a Cerimedo y a otros funcionarios, por lo que ahora las autoridades judiciales deberán determinar la veracidad y alcance de sus afirmaciones dentro de las investigaciones en curso.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene distancia de las acusaciones y sostiene que será el Ministerio Público el que deberá establecer responsabilidades y determinar si existen elementos que sustenten las denuncias.
