Éxito Noticias, 14 de agosto 2026.– La Contraloría General del Estado (CGE) aclaró este viernes que la verificación del contenido de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) de los servidores públicos solo puede realizarse cuando existe un requerimiento fiscal o una orden judicial dentro de un proceso formal. La institución emitió el comunicado ante recientes declaraciones públicas de autoridades nacionales relacionadas con el registro de bienes y deudas.
La entidad recordó que, de acuerdo con la Ley N° 2027 y el Decreto Supremo N° 1233, todos los servidores públicos tienen la obligación de declarar los bienes, deudas y rentas que poseen antes, durante y después del ejercicio de sus funciones. La Contraloría, como órgano rector del Sistema de Control Gubernamental, tiene entre sus atribuciones dirigir y controlar el sistema de declaraciones.
Respecto a la verificación, la CGE precisó que, cuando existe un requerimiento fiscal u orden judicial, su revisión se limita al registro de bienes y deudas que estén sujetos a inscripción en entidades públicas o privadas. De esta manera, remarcó que sus actuaciones deben desarrollarse dentro de los procedimientos establecidos por la normativa vigente y no fuera de sus competencias legales.
El comunicado también señala que el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública tiene acceso al sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría para consultar las declaraciones en el marco de sus atribuciones. Además, el Decreto Supremo N° 1233 establece que esta instancia puede realizar verificaciones de oficio de las declaraciones de los servidores públicos.
La aclaración surge en medio de la polémica por la compra de un vehículo Audi Q4 por parte del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien afirmó que actualizó y rectificó su declaración jurada para incluir el motorizado y la deuda asociada. Frente a este tipo de cuestionamientos, la Contraloría reafirmó que sus actuaciones están sujetas a la Constitución, las leyes y reglamentos, y aseguró que precautelará los principios de objetividad, legalidad, transparencia y seguridad jurídica.
