Éxito Noticias, 5 de agosto 2026.– El primer consenso logrado sobre la redistribución de recursos y responsabilidades denominada como “50-50” entre el nivel central de Gobierno y las gobernaciones, es que éstas no solventarán más el pago de un bono de vacunación destinado a los trabajadores del sector de salud pública, ni el pago de los prediarios o asignación económica diaria de 8 bolivianos por persona, destinada a cubrir la alimentación básica de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios.
El bono de vacunación o viáticos de vacunación se pagan a todos los trabajadores en salud desde 2012 durante el segundo mandato del expresidente Evo Morales, el monto fue modificado hasta llegar a Bs 4.329, costo autorizado mediante el Decreto Supremo 4745 de 2022, durante el gobierno del expresidente Luis Arce.
En cuanto a los prediarios, según un informe de la Defensoría del Pueblo presentado en septiembre de 2025, titulado “Alerta temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia”, la población penitenciaria a julio de ese año era de 33.058 personas privadas de libertad.
Este es un primer resultado del diálogo instalado el martes en la ciudad de Sucre entre equipos técnicos de las siete gobernaciones, del viceministerio de autonomía a cargo del viceministro Adrián Oliva, y el ministerio de Economía, a cargo del ministro Gabriel Espinoza; esto como parte del diálogo de lo que será la ruta crítica para la implementación de la propuesta de la ruta crítica para la implementación del 50-50.
Fin del pago obligado
El ministro Espinoza recordó que durante varias gestiones del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se condicionó los gastos de las gobernaciones, es decir, se las “obligó” a asumir gastos que en realidad no están dentro de sus competencias y responsabilidades.
“Se ha obligado a las gobernaciones a llevar adelante gastos con sus propios recursos sin darle la posibilidad que estas gobernaciones puedan destinarlos (su dinero) a dónde quisieran hacerlo. Es el caso de la obligación de las gobernaciones de pagar, por ejemplo, el bono de vacunación o los prediarios”, explicó.
Espinoza declaró que esta imposición que hubo del nivel central a las regiones “es un acto violatorio de la autonomía”, y el Gobierno constitucional del Presidente, Rodrigo Paz no está de acuerdo con eso y suspenderá estas obligatoriedades a través de una ley que aprobará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que hace una semana ya aprobó un proyecto que pone fin a esta situación.
Ese Proyecto de Ley (PL) también incluirá que el costo del título de Bachiller, de carácter gratuito para los estudiantes, lo asumirá el Ministerio de Educación, y no las gobernaciones. Según datos del Ministerio de Educación en 2023, hubo 210.726 estudiantes de los sistemas de educación regular, alternativa y especial de todo el país, que recibieron su título de bachiller.
El citado PL está ahora en la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo y una vez sancionado el proyecto pasará al Órgano Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
Respecto a la posibilidad de que existan otros gastos que no amerite que estén bajo competencias o tuición de las gobernaciones, el ministro explicó que ello también será consensuado y armonizado entre el Gobierno y las regiones.
“En todo caso hay un acuerdo y hay un consenso respecto a que estas condicionalidades de gasto no pueden seguir adelante y en eso el Gobierno está avanzando para que se vayan levantando paulatinamente”, concluyó Espinoza.
