Éxito Noticias, 3 de agosto 2026.– El Gobierno nacional anunció que reforzará los controles al sector inmobiliario con el objetivo de proteger la economía de las familias y garantizar el cumplimiento de los contratos de compra de viviendas. La medida fue informada por los ministros de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y de Economía, José Gabriel Espinoza, tras una reunión con la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), realizada a raíz de las denuncias presentadas por ciudadanos.
El ministro Justiniano explicó que las fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Defensa del Usuario y del Consumidor detectaron que algunas empresas modificaron contratos previamente autorizados para eliminar garantías e incorporar cláusulas que perjudican a los compradores. “La gente tiene la voluntad de seguir pagando, pero los contratos tienen que ser justos. No se puede meter en la misma bolsa al sector inmobiliario serio con quienes buscan aprovecharse de las familias”, afirmó.
La autoridad señaló que el certificado emitido por Defensa del Consumidor garantiza que los contratos no contengan cláusulas abusivas y advirtió que, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, las empresas que incumplan la normativa enfrentarán las acciones legales correspondientes. Asimismo, remarcó que el Gobierno respaldará a las firmas que actúen dentro del marco de la ley.
Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que se acordó mantener durante este mes los planes de pago vigentes con las empresas afiliadas a la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios. Además, anunció que desde la próxima semana se instalarán mesas técnicas para facilitar el cumplimiento de los contratos y dar continuidad a la cadena de pagos.
Finalmente, las autoridades reiteraron que todas las denuncias serán analizadas de manera individual por equipos técnicos y jurídicos. También recordaron que las oficinas de Defensa del Consumidor permanecen habilitadas en todo el país para recibir reclamos, brindar asesoramiento e intervenir en los casos donde se detecten vulneraciones a los derechos de los compradores.
