Éxito Noticias, 27 de julio 2026.- El exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), Rafael Quispe, rechazó este lunes las acusaciones en su contra y aseguró que el proceso judicial que enfrenta no está relacionado con hechos de corrupción o daño económico al Estado, sino con presuntos nombramientos ilegales. Además, afirmó que permanecerá en el país y se presentará ante la justicia cuando sea convocado.
Quispe sostuvo que durante su gestión no se apropió de recursos públicos y remarcó que las contrataciones observadas cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
“Para la información del pueblo boliviano, el proceso no es que me he robado ni 10 centavos, ya afirmo, no me he robado ni 10 centavos, ni cuando era director del Fondo Indígena, ni director de Movimientos Sociales, ni viceministro, nada, no es el proceso”, manifestó.
El exdirector explicó que la investigación se centra en la contratación de funcionarios, aunque aseguró que cada una de las personas incorporadas cumplía con las exigencias legales, entre ellas título profesional, libreta de servicio militar y otros requisitos administrativos.
Asimismo, rechazó que exista riesgo de fuga y afirmó que enfrentará el proceso judicial. “Yo no me voy a escapar del país”, declaró, al recordar que anteriormente obtuvo un fallo favorable en otro proceso judicial que enfrentó.
Las declaraciones fueron realizadas después de que un juez lo declarara rebelde por no asistir a una audiencia, situación que derivó en la emisión de un mandamiento de aprehensión.
Sin embargo, su abogado, Frank Campero, informó que esa determinación quedó sin efecto luego de que Quispe regularizara su situación procesal mediante el pago de la multa correspondiente por la declaratoria de rebeldía.
El jurista explicó que, tras la purga de rebeldía, también quedaron anulados el mandamiento de aprehensión, el arraigo y las demás medidas impuestas por la autoridad judicial. En ese marco, señaló que ahora corresponderá fijar una nueva fecha para el inicio del juicio oral.
Campero sostuvo que la defensa buscará demostrar que las contrataciones realizadas durante la administración de Quispe fueron legales y afirmó que, de cerca de 150 contratos revisados, únicamente uno fue observado por la investigación.
El abogado también reiteró que su defendido considera que el proceso responde a una persecución política debido a sus constantes críticas al Gobierno y aseguró que Quispe comparecerá ante la justicia cada vez que sea requerido para ejercer su defensa.
