Éxito Noticias, 14 de julio 2026.- La ejecutiva del Magisterio Urbano, Miriam Ayala, rechazó las declaraciones del ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, quien afirmó que existe un déficit de maestros en Santa Cruz y justificó la contratación de estudiantes de último año de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) para cubrir nuevos ítems. La dirigente aseguró que en el país existen entre 15.000 y 20.000 maestros titulados sin trabajo y atribuyó el problema a la burocracia del propio Ministerio de Educación.
En una entrevista concedida a radio Éxito, Ayala afirmó que el magisterio planteó en reiteradas oportunidades alternativas para cubrir la demanda de docentes en Santa Cruz sin recurrir a estudiantes en formación.
Explicó que la falta de maestros se concentra principalmente en los niveles inicial y primario de la capital cruceña, mientras que en otros departamentos existen profesionales titulados que esperan la asignación de cargos.
“Le habíamos señalado al ministro que emita resoluciones ministeriales para que esos maestros puedan acceder a los cargos. El problema no es la falta de docentes, sino la burocracia que impide su designación”, sostuvo.
La dirigente indicó que el Magisterio Urbano propuso simplificar los procedimientos para el traslado temporal de maestros hacia Santa Cruz, además de habilitar dobles jornadas en educación inicial y primaria para atender la demanda mientras se realizan nuevas designaciones.
Sin embargo, cuestionó que el Ministerio pretenda incrementar la carga horaria de los docentes sin reconocer la totalidad de las horas trabajadas.
“Quieren asignarles hasta 160 horas cuando la carga normal es de 96 o 100 horas, pero sin pagarles la totalidad. Eso constituye explotación laboral”, afirmó.
Asimismo, señaló que trasladar maestros desde otros departamentos requiere garantizar condiciones laborales adecuadas, aspecto que, según dijo, no ha sido contemplado por las autoridades.
Ayala manifestó además su preocupación por lo que considera una intención del Gobierno de avanzar hacia una descentralización de la educación y modificar el Reglamento del Escalafón del Magisterio.
Recordó que el pasado 16 de mayo el Ministerio de Educación y el sector firmaron un acta de acuerdo mediante la cual se comprometieron a elaborar de manera conjunta cualquier propuesta de reforma educativa y la modificación de la malla curricular.
No obstante, aseguró que el Ministerio estaría desarrollando estos procesos sin la participación de los actores del sistema educativo.
“Nos enteramos que están trabajando con universidades privadas, unidades educativas privadas y otras instituciones, dejando de lado a quienes formamos parte del sistema público”, cuestionó.
La representante sindical sostuvo que el principal problema de la educación boliviana no radica únicamente en aspectos curriculares, sino en la falta de inversión estatal.
Indicó que el magisterio presentó una propuesta para declarar 2026 como el “Año de la Evaluación Integral del Sistema Educativo”, con el objetivo de identificar las causas del bajo rendimiento escolar y definir políticas públicas sustentadas en evidencia.
“La calidad educativa no se construye con discursos; se construye con inversión”, enfatizó.
Ayala confirmó que el Magisterio Urbano sostuvo dos reuniones con el ministro Ricardo Sanjinés, en las que, según dijo, la autoridad ratificó el compromiso de respetar el acta firmada en mayo. Sin embargo, aseguró que las acciones posteriores contradicen esos acuerdos.
Por ello, informó que el sector solicitó una nueva reunión con el Ministerio para agotar la vía del diálogo y exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.
La dirigente afirmó que el magisterio mantiene la voluntad de contribuir a una reforma educativa, pero advirtió que no permitirá modificaciones unilaterales que afecten la educación pública o el escalafón docente.
De igual forma, señaló que, si el Ministerio continúa impulsando medidas sin consenso, el Magisterio Urbano evaluará romper el acta de acuerdo y asumir medidas de presión.
“Vamos a defender la educación única, fiscal y gratuita y el reglamento del escalafón hasta las últimas consecuencias. No buscamos confrontación, pero si continúan los incumplimientos tendremos que asumir otras acciones”, concluyó.
