Éxito Noticias, 13 de julio 2026.- El vocal de la Sala Constitucional del Beni, Charles Mejía, rechazó las acusaciones en su contra por la paralización parcial de las Elecciones Judiciales de 2024 y afirmó que su actuación se limitó a resolver una acción de amparo constitucional. La autoridad sostuvo que la resolución emitida junto al vocal Roy Mendía no derivó en las decisiones posteriores sobre la prórroga de autoridades judiciales, por lo que descartó cualquier responsabilidad en las consecuencias institucionales del caso.
Mejía respondió así a las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, quienes lo señalaron como uno de los responsables de la suspensión parcial de las elecciones judiciales y del presunto perjuicio económico ocasionado al Estado. El vocal insistió en que su fallo se enmarcó estrictamente en sus competencias constitucionales.
Asimismo, aseguró que la resolución emitida por la Sala Constitucional no generó ningún daño económico al Estado y recordó que una denuncia presentada anteriormente en su contra por estos hechos fue rechazada por el Ministerio Público. En ese sentido, afirmó que no existen elementos que sustenten las acusaciones realizadas por las máximas autoridades del TSJ y del TSE.
El vocal también respondió al tono de las declaraciones de Saucedo, quien en días pasados le advirtió públicamente que tendría “72 horas” para responder por sus actos. Frente a ello, Mejía rechazó cualquier intento de intimidación e invitó a sus críticos a trasladarse a la ciudad de Trinidad para debatir sobre el alcance de la resolución constitucional y los hechos que rodearon el proceso electoral.
La controversia se originó en octubre de 2024, cuando la Sala Constitucional del Beni declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esa decisión derivó en que las elecciones judiciales se realizaran solo de forma parcial, situación que, según el TSJ y el TSE, afectó la institucionalidad del país y ocasionó pérdidas millonarias, extremo que Mejía niega de manera categórica.
