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    COB denuncia persecución política y exige intervención internacional tras operativo en San Julián

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    Éxito Noticias, 6 de junio 2026.- La Central Obrera Boliviana (COB) emitió este sábado un pronunciamiento público en el que denunció que el Gobierno central ha sobrepasado los límites del Estado de Derecho durante el operativo de desbloqueo en San Julián, acusando persecución política, detenciones ilegales y el uso de fuerzas encapuchadas en vehículos sin identificación. La organización sindical exigió el cese inmediato de estas acciones y pidió la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.

    Según el documento, la COB acusa al Ministerio Público y a la Policía Boliviana de ejecutar una “cacería humana contra la estructura dirigencial”, utilizando operativos clandestinos y violentos. La entidad sindical denunció que dirigentes fueron víctimas de secuestro y privación ilegal de libertad, sin órdenes legítimas de aprehensión, lo que constituye una violación directa al fuero sindical protegido por el Artículo 51 de la Constitución Política del Estado.

    La COB también señaló que estas acciones vulneran garantías fundamentales reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y rechazó la campaña mediática que, según afirma, busca desprestigiar a los dirigentes tratándolos de “terroristas” o “delincuentes comunes”. “La voz y los derechos de la clase trabajadora no se silenciarán con represión”, remarcó la organización.

    El pronunciamiento se da en el marco del operativo de desbloqueo en San Julián, que dejó dos policías heridos de bala, seis arrestados y el robo de equipos de prensa. El Gobierno aseguró que el operativo se realizó con material disuasivo no letal, mientras que la Policía denunció que los bloqueadores utilizaron armas de fuego contra los efectivos.

    La COB advirtió que la situación representa un “peligro extremo para todo el movimiento obrero boliviano” y exigió al Estado el cese inmediato de las persecuciones. Asimismo, pidió la intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos para frenar las privaciones arbitrarias de libertad y garantizar el respeto al debido proceso.

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