Éxito Noticias, 28 de mayo 2026.- El exdiputado Amílcar Barral anunció que presentará nuevas acciones legales contra autoridades del Gobierno y dirigentes sociales por incumplir la resolución constitucional que ordenaba levantar los bloqueos en el país. En entrevista con Radio Éxito, anunció que mañana ingresará memoriales de acción de cumplimiento y denuncias ante el Ministerio Público y la Sala Constitucional.
Barral recordó que la Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió y concedió tutela a una acción presentada semanas atrás, que instruía al Gobierno y a los sectores movilizados levantar los bloqueos y garantizar corredores humanitarios. Sin embargo, denunció que esa orden no se ha cumplido y que los bloqueos persisten, afectando gravemente a la población.
“No es poner a la justicia en medio de delitos y hacerse de la vista gorda. El poder Ejecutivo tiene que cumplir lo que manda la Constitución”, declaró Barral, al advertir que si hasta mañana al mediodía no se cumple la resolución, presentará memoriales solicitando la aprehensión de quienes desacaten la orden judicial.
El exdiputado también cuestionó la actitud de Mario Argollo, dirigente de la COB, quien estuvo presente en la audiencia judicial y sabía que seguir convocando a movilizaciones constituía un delito. “Argollo se ha declarado en la clandestinidad y desde ahí sigue llamando a bloquear, eso es un delito flagrante”, afirmó. Asimismo, señaló al senador Nilton Condori, indicando que la inmunidad parlamentaria no lo protege si es sorprendido cometiendo delitos en flagrancia.
Barral dio un plazo hasta mañana al Gobierno y a los sectores movilizados para cumplir la resolución. “Si hasta mañana Argollo o el Gobierno no hacen cumplir que se levanten los bloqueos, yo personalmente voy a presentar estos memoriales”, enfatizó, subrayando que la acción de cumplimiento busca obligar a las autoridades a acatar lo dispuesto por la justicia.
Finalmente, el exdiputado advirtió que la falta de cumplimiento de la resolución constitucional no solo agrava la crisis social y económica, sino que también constituye un atentado contra el Estado de Derecho. Con esta nueva acción, Barral pretende que la justicia obligue al Gobierno y a los dirigentes a levantar los bloqueos y que se procese a quienes persistan en desacatar la orden judicial.
