Éxito Noticias, 7 de mayo 2026.- El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que la investigación sobre los vuelos de Boliviana de Aviación (BoA) hacia La Habana, Cuba, reveló una operación “deficitaria de principio a fin” que habría provocado un daño económico al Estado de al menos 18,4 millones de bolivianos, motivo por el cual fue aprehendido el exgerente de la estatal aérea, Ronald Casso.
En una entrevista con radio Éxito, García explicó que la revisión abarcó el periodo comprendido entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, tiempo en el que la ruta Viru Viru-La Habana operó de manera continua pese a registrar una baja ocupación de pasajeros y pérdidas económicas constantes.
Según detalló la autoridad, en varios vuelos se utilizaron aeronaves Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros, aunque algunos viajes despegaron con apenas 11, 15, 17 o 22 personas a bordo. Esto significó que en promedio más de 150 asientos permanecieran vacíos en cada operación.
“El Estado perdía recursos en cada vuelo”, sostuvo García, quien remarcó que se trataba de una empresa pública que administraba recursos de todos los bolivianos y no de una operación privada de riesgo comercial.
La autoridad también señaló que mientras BoA mantenía estos vuelos deficitarios, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) recibía más de 33 mil denuncias de usuarios por retrasos y cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales.
Otro de los aspectos observados en la investigación tiene relación con la compra de dólares en el mercado paralelo para cubrir gastos operativos en Cuba. García aseguró que la aerolínea adquiría divisas a un tipo de cambio superior al oficial y además pagaba comisiones del 10% a intermediarios.
“Había incluso traslado físico de dinero hacia La Habana”, afirmó el viceministro, quien indicó que solamente las pérdidas cambiarias fueron calculadas en aproximadamente cuatro millones de bolivianos.
Asimismo, reveló que dentro de la documentación revisada existe un informe interno de la gerencia de BoA que justificaba la apertura de la ruta por la existencia de un “compromiso presidencial”, pese a que no se habrían cumplido los estudios técnicos, financieros y operativos requeridos previamente por el directorio de la empresa.
García explicó que tanto el exgerente como exmiembros del directorio y exautoridades del área serán convocados a declarar para determinar responsabilidades. Incluso, no descartó una eventual ampliación de la investigación hacia otras autoridades de alto nivel.
El viceministro señaló además que existen otras investigaciones en curso relacionadas con operaciones de BoA, entre ellas presuntas irregularidades en vuelos hacia Caracas y la venta de una aeronave en 2024, pese a las constantes quejas de usuarios por falta de aviones disponibles.
Respecto a la situación jurídica de Ronald Casso, indicó que el Ministerio Público solicitará medidas cautelares personales, además de la anotación preventiva de bienes y el congelamiento de cuentas con el objetivo de recuperar el dinero observado por daño económico al Estado.
De igual forma, García aseguró que el proceso no responde a motivaciones políticas y sostuvo que las investigaciones se basan en documentos, reportes técnicos y hechos verificables sobre el funcionamiento de la aerolínea estatal.
