Éxito Noticias, 23 de abril 2026.- En medio de la polémica generada en redes sociales y sectores de la opinión pública, la diputada Andrea Ballivián, de Unidad, ratificó que el proyecto de Ley Brisa, denominado también Ley 010, tiene como objetivo central fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, y negó que la norma esté vinculada con la Ley 348 o que promueva denuncias falsas.
Durante una entrevista con radio Éxito, la legisladora explicó que la iniciativa plantea reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Brisa de Angulo Losada vs. Bolivia, que obliga al Estado a adecuar su normativa para garantizar justicia efectiva en este tipo de delitos.
Ballivián señaló que la controversia en torno al proyecto responde a una “distorsión” de su contenido, alimentada, según dijo, por desinformación que ha generado temor, particularmente en sectores que consideran que la ley podría derivar en detenciones injustas. “No estamos hablando de la Ley 348 ni de denuncias falsas. Esta norma busca cerrar vacíos legales para proteger a víctimas de violencia sexual”, enfatizó.
La diputada reconoció que existe desconfianza hacia el sistema judicial boliviano, marcado por denuncias de corrupción y falta de independencia, pero cuestionó que ese escenario sea utilizado como argumento para frenar la aprobación de una norma orientada a proteger a menores. “¿Vamos a esperar a que cambie todo el sistema judicial para recién atender a las víctimas?”, cuestionó.
En ese marco, aclaró que el proyecto no modifica penas, sino que introduce mecanismos para mejorar el acceso a la justicia de víctimas que, en muchos casos, enfrentan barreras para denunciar o lograr sentencias. Según datos citados por la legisladora, los fallos en casos de violencia sexual contra menores no superan el 13%, mientras que miles de víctimas optan por el silencio.
Respecto a las denuncias falsas, uno de los puntos más debatidos, Ballivián indicó que las estadísticas muestran una incidencia mínima. Citó que, en el marco de la Ley 348, estos casos representan alrededor del 0,17% del total, lo que no puede ser un argumento para frenar una normativa enfocada en proteger a un sector altamente vulnerable, según su juicio.
Asimismo, destacó que el proyecto incorpora sanciones contra funcionarios judiciales que no cumplan adecuadamente su labor en casos de violencia sexual, como una medida para fortalecer la responsabilidad dentro del sistema.
La legisladora también subrayó que la propuesta fue trabajada durante al menos dos años en la anterior gestión, con participación de juristas, operadores de justicia y organizaciones civiles, y que incluso ya fue aprobada en el Senado. Actualmente, el proyecto fue reintroducido en la Cámara de Diputados con ajustes adicionales y continúa en proceso de socialización.
En ese proceso, Ballivián informó que se están realizando reuniones con universidades como la UMSA y la Universidad Mayor de San Simón, además de jueces, fiscales y expertos, con el fin de recoger observaciones y perfeccionar la norma antes de su tratamiento.
De igual forma, hizo un llamado a la población a informarse de manera responsable y no replicar contenidos erróneos en redes sociales. Advirtió que, en caso de que el proyecto sea archivado, no podrá ser reconsiderado durante los próximos cinco años.
“Esta ley no es contra nadie, es a favor de las víctimas. Pero quien comete o encubre un delito de violencia sexual, tiene que temer a la ley”, concluyó.
