Éxito Noticias, 26 de febrero 2026.- El exgerente ejecutivo de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) fue aprehendido y será imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tras evidenciarse un daño económico al Estado que supera los 100 millones de bolivianos, informó la fiscal Magaly Bustamante.
De acuerdo con la representante del Ministerio Público, la empresa dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras fue creada con un capital inicial de 140 millones de bolivianos; sin embargo, al cierre de la gestión 2024 ya registraba pérdidas por más de 101 millones, lo que configuraría una quiebra técnica financiera atribuida a decisiones administrativas y técnicas asumidas por las autoridades de entonces.
La fiscal explicó que el investigado se presentó para conocer formalmente sus derechos y optó por guardar silencio. Actualmente permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, mientras el Ministerio Público prepara la imputación formal y solicitará su detención preventiva en audiencia cautelar.
El caso no involucra únicamente al exgerente. La Fiscalía amplió la investigación a siete personas más, entre ellas exministros y exfuncionarios que habrían tenido conocimiento del déficit económico que atravesaba la empresa entre las gestiones 2022 y 2025. Todos serán convocados a declarar en los próximos días.
La denuncia se originó por presuntas irregularidades en el alquiler de insumos y tierras para la siembra, pese a que B-Agro contaba con predios otorgados en usufructo. Asimismo, se detectaron contrataciones consideradas innecesarias. Uno de los hechos observados es que la Gerencia Pecuaria fue cerrada en abril de 2024, pero su responsable continuó percibiendo honorarios hasta diciembre de ese año sin ejercer funciones.
El Ministerio Público sostiene que estas decisiones habrían provocado el deterioro financiero de la empresa estatal y la reducción significativa del capital invertido por el Estado. La situación jurídica de los investigados será definida por la autoridad jurisdiccional en las próximas audiencias.
