Éxito Noticias, 10 de febrero 2026.- La mañana de este martes, los diputados de Alianza Popular, Claudia Herbas y Rolando Pacheco, acudieron al Ministerio Público para formalizar una denuncia contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por presunto daños económico al Estado, debido al supuesto sobreprecio en la compra de crudo que, según afirmaron, genera un perjuicio económico de aproximadamente 4 millones de dólares mensuales, lo que equivale a 48 millones de dólares al año.
Herbas explicó que la acción legal surge tras el cambio de proveedor de crudo, de la empresa Botrading S.A. a la transnacional Trafigura, lo que derivó en un incremento significativo en el precio del barril. La legisladora sostuvo que este aumento no tendría justificación técnica y advirtió que existen indicios de irregularidades.
“Estamos presentando esta denuncia porque no puede ser que una vez más, el Gobierno de Rodrigo Paz nos venga a decir que respetan la normativa y aquí estamos viendo un presunto sobreprecio que tiene que ver directamente con corrupción. (…) Estamos hablando de 4 millones de dólares y 48 millones anuales que son afectados directamente al bolsillo del boliviano”, señaló Herbas.
En la misma línea, Pacheco apuntó directamente a la gestión de YPFB y denunció que el Estado estaría pagando más del doble por el barril de petróleo. Detalló que con Botrading S.A. el precio era de 9,10 dólares, mientras que con Trafigura se elevó a 20,88 dólares. A su juicio, esta diferencia constituye un daño directo a la economía nacional.
“Ya basta de robar, nos están robando de frente. Como diputados no vamos a callar, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, remarcó Pacheco.
El legislador indicó que la denuncia alcanza al presidente de YPFB, Yussef Alky, y a otros funcionarios de la estatal, por presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Ambos parlamentarios exigieron al Ministerio Público una investigación rápida y objetiva, con la revisión de los contratos involucrados y sanciones para los responsables, en caso de confirmarse las irregularidades.
La acción legal se sustenta en la comparación de los contratos firmados con ambos proveedores, documentos que, según Alianza Popular, ya fueron entregados a las autoridades competentes para su análisis.
“Este Gobierno entró mintiendo, dijo que iba a cambiar la cosa, que iba a erradicar la corrupción pero estamos viendo que está haciendo todo lo contrario”, lamentó el legislador.
