Éxito Noticias, 5 de febrero 2016. – El empresario Samuel Doria Medina cuestionó duramente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por el caso del combustible defectuoso que dañó vehículos en distintas regiones del país. Según afirmó, la empresa estatal debe asumir su responsabilidad y no continuar culpando a la anterior administración por los problemas actuales.
“Ya está de buen tamaño ese cuento de la anterior gestión. La gente del YPFB es responsable desde que ha sido nombrada. Entonces, ya no pueden echar la culpa al anterior Gobierno”, declaró Doria Medina, subrayando que todos los funcionarios públicos deben responder por sus actos. A su juicio, el argumento oficial pierde credibilidad frente a la población, especialmente después de casi 90 días de mandato del actual Gobierno.
El empresario calificó como “lamentable” la falta de cuidado en YPFB, señalando que se realizaron experimentos y pruebas que derivaron en el suministro de combustible defectuoso. Para reparar el daño ocasionado a los vehículos, sugirió que la estatal contrate talleres especializados que se encarguen de las reparaciones, asumiendo los costos como parte de su responsabilidad institucional.
Doria Medina también aclaró que no existe una alianza política con el Gobierno de Rodrigo Paz, aunque reconoció una “comunidad de objetivos” en temas económicos. “Nosotros buscamos que la democracia se fortalezca y que la economía de mercado sea libre y abierta. Todo lo que se haga en esa dirección lo apoyamos”, afirmó, destacando que varias de sus propuestas de campaña fueron recogidas por la actual administración.
En cuanto a la agenda económica, señaló que existe una coincidencia de alrededor del 60% entre las propuestas de Unidad Nacional y las políticas del Gobierno, aunque advirtió que aún queda un 40% por avanzar. Este aspecto, dijo, refleja un camino compartido en materia de economía de mercado, pero con diferencias en otros ámbitos de gestión pública.
Finalmente, expresó su preocupación por la falta de transparencia en el Estado, recordando que durante la gestión del MAS se otorgaron más de 300 pasaportes diplomáticos, frente a apenas una treintena en gestiones anteriores. “Todos tenían pasaportes diplomáticos. ¿Para qué era? Para hacer contrabando, no era para otra cosa”, comentó, advirtiendo que estas prácticas reflejan un uso indebido de privilegios estatales y la necesidad de mayor control institucional.
