Éxito Noticias, 25 de agosto 2025.- El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, advirtió que el caso Botrading, empresa vinculada a YPFB y señalada por millonarias irregularidades en la compra de combustibles, corre el riesgo de quedar en la impunidad debido a lo que considera una actitud “encubridora” del presidente de la Cámara de Diputados.
En contacto con radio Éxito, Alarcón aseguró que la comisión especial conformada por diputados opositores, entre ellos Enrique Urquidi, Tatiana Añez y el propio Alarcón, logró aprobar por unanimidad un informe con “hallazgos documentados de gravísimos hechos de corrupción e indicios de lavado de dinero”. Sin embargo, el legislador señaló que el documento permanece estancado porque no se lo incluye en el orden del día del pleno.
“Los hallazgos son tan contundentes que incluso hemos puesto toda la documentación en un Google Drive para que cualquier ciudadano pueda acceder desde su celular a los contratos millonarios de YPFB con Botrading. Lo que ocurre es que el presidente de la Cámara sabe que si el informe llega al pleno obtendrá más de dos tercios de votos, y eso daría una fuerza jurídica mayor a las investigaciones en la Fiscalía y en la Contraloría”, afirmó.
De acuerdo con el informe de la comisión, el probable daño al Estado bordea los 350 millones de dólares. Alarcón detalló varios ejemplos que reflejan las irregularidades detectadas: Sobreprecio de 5 millones de dólares en un contrato adjudicado a Botrading, a pesar de que otra empresa ofreció un precio más bajo. Pago irregular de 5 millones de dólares por un contrato originalmente destinado a la compra de crudo, que terminó siendo desviado para la provisión de diésel en una licitación anulada. Un contrato de suministro de diésel firmado por Omar Alarcón, inicialmente por 31 millones de dólares, que terminó inflándose hasta 242 millones de dólares mediante adendas y modificaciones ilegales.
“Botrading fue un disfraz que utilizó YPFB para revenderse a sí mismo combustible, diésel, gasolina y petróleo crudo, que luego se revendía al pueblo boliviano en precios más caros en los surtidores”, denunció el legislador.
El diputado también expresó preocupación por la investigación abierta en el Ministerio Público, a partir de una denuncia particular. Según su advertencia, existe el riesgo de que ese proceso sea utilizado “para cancelar, cerrar o encubrir” las responsabilidades de altas autoridades de YPFB y del Gobierno.
Alarcón subrayó que la única investigación con pruebas concretas es la que desarrolló la comisión legislativa y que, de ser respaldada en el pleno, dotaría de mayor respaldo jurídico a las instancias de control y justicia.
