Éxito Noticias, 23 de enero 2025.- El máximo dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, cuestionó la aprobación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, denunciando que esta medida fue aprobada sin consulta previa a los sectores afectados. En una entrevista en radio Éxito, el representante gremial manifestó su preocupación por los alcances de la norma y exigió su inmediata derogación.
Gonzales criticó que, durante los 60 días en los que se debatió la ley financial, el Gobierno no haya convocado a los gremiales para discutir esta disposición. “Han tenido todo noviembre y todo diciembre para tratar este tema. No invitaron, no llamaron, esa era la primera instancia”, señaló. Además, recordó que en diciembre la Cámara de Diputados rechazó esta disposición, pero el Ejecutivo la incluyó en el presupuesto aprobado “de manera automática y amañada”.
El dirigente resaltó que la redacción de la disposición es ambigua y genera incertidumbre. Según el texto, se faculta a las entidades competentes para realizar acciones de “control, fiscalización, confiscación o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios”. Gonzales señaló que la norma no especifica qué entidades serán responsables ni bajo qué parámetros se actuaría, lo que podría derivar en arbitrariedades.
“Acá no dice que es para combatir el contrabando en frontera, no dice nada de eso. En el tema de agio, eso ya está tipificado en el Código Penal, no hay necesidad de tocar ese tema. En el caso de control de precios, hay una ley específica que ya pueden utilizar, o sea, esto está por demás”, argumentó.
El líder gremial también expresó su preocupación por el impacto que esta disposición podría tener en los comerciantes y productores, al dar margen a las autoridades para decomisar productos sin mayores pruebas o procesos claros. “Usted es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Con esta disposición, se está permitiendo el decomiso sin parámetros claros”, afirmó.
Finalmente, Gonzales reafirmó la postura del sector gremial y de toda la cadena productiva, que rechaza categóricamente esta medida. “Exigimos la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado que han metido de manera amañada”, concluyó.
La disposición séptima ha sido objeto de controversia, generando críticas desde diversos sectores económicos, que temen posibles abusos y perjuicios para sus actividades comerciales. Mientras tanto, el Gobierno ha señalado que su intención es combatir prácticas especulativas y el agio, asegurando que no se afectará a los comerciantes que operen dentro del marco de la ley.
