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    Gobierno aprueba cuatro decretos y regula decomisos en primer día del Presupuesto General del Estado 2025

    Éxito Noticias, 2 de enero 2025.- El Gobierno inició la vigencia del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 con la aprobación de cuatro decretos reglamentarios durante el primer día de su implementación. En el gabinete, el Ejecutivo también adelantó que se prepara una nueva norma que regulará los decomisos de productos, con la participación voluntaria del sector privado, según lo indicó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

    El ministro aclaró que el Gobierno ha invitado al sector privado a participar en la reglamentación de los decomisos, pero si este no considera conveniente unirse, será responsabilidad de los empresarios no formar parte de la normativa.

    En cuanto al proceso de aprobación del presupuesto, el Gobierno evitó la discusión del proyecto en la Asamblea Legislativa, utilizando la estrategia de que, al no ser aprobado en 60 días, el presupuesto se convertiría en ley automáticamente según la Constitución Política del Estado (CPE). Esta maniobra permitió que el Ejecutivo implementara el presupuesto, a pesar de las críticas y observaciones que ha recibido.

    El primer decreto aprobado establece un arancel de importación del 0% para los bienes de capital en los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería. Otro decreto elimina el IVA para las empresas importadoras de hidrocarburos y establece exenciones fiscales para las empresas que reinviertan sus utilidades en el país, con una exención que varía entre el 10% y el 75%, dependiendo del porcentaje reinvertido.

    Un tercer decreto otorga beneficios a los empresarios al anular impuestos para los que importen bienes de capital destinados a la construcción de empresas productivas. Finalmente, el cuarto decreto regula diversos aspectos del PGE, aunque Montenegro no especificó los artículos concretos que fueron detallados.

    Montenegro señaló que, con esta serie de medidas, busca avanzar en la implementación de políticas económicas en línea con el presupuesto aprobado, mientras mantiene abierta la puerta para que el sector privado participe en los procesos reglamentarios.

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