Éxito Noticias, 29 de julio 2022.- El exdiputado Rafael Quispe expresó su molestia por el dictamen judicial en el caso de la represión a la Octava Marcha de Pueblos Indígenas en Chaparina, en 2011. Apuntó al expresidente Evo Morales y al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, además, adelantó que apelará la decisión judicial.
“Hay suficientes elementos para enjuiciar al señor Sacha Llorenti, al señor Evo Morales, y al señor ex vicepresidente, Álvaro García Linera. En estos momentos no lo vamos a hacer porque vamos a apelar la decisión (judicial), tardará uno o dos años, pero seguramente cuando ya no tengan al poder político vamos a abrir ese juicio penal”.
manifestó.
Después de 11 años de los hechos de violencia contra la octava marcha indígena por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en el departamento de Beni, durante el Gobierno de Evo Morales, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó a dos años y ocho meses a tres generales de la Policía y otros dos fueron absueltos.
Los oficiales del verde olivo fueron condenados por los delitos de incumplimiento de deberes, allanamiento, vejaciones y torturas y privaciones de libertad
La responsabilidad recayó solamente en los uniformados, pero no en las autoridades del poder Ejecutivo, Quispe calificó como una “vergüenza e injusta” la condena a los tres generales.
“Esa es la clase de Justicia que tenemos. El pueblo debe saber que se evidenció que sí ha ordenado Evo Morales, a través de Sacha Llorenti, la intervención”.
agregó.
Afirmó que siente “asco” por el funcionamiento del sistema judicial boliviano. “La Justicia me da asco. Se evidenció en el proceso que hubo masacre, que sí hubo intento de feminicidio”, aseveró.
El 25 de septiembre de 2011, un contingente policial intervino y protagonizó un brutal acto de represión a la octava marcha indígena del TIPNIS que rechazaba la construcción de una cartera por el corazón del parque nacional.
Los marchistas fueron reducidos y maniatados luego de una agresión –según la denuncia– protagonizada por infiltrados de la Policía y el Ministerio de Gobierno contra el entonces canciller David Choquehuanca, que había llegado a la movilización.
Los marchistas fueron reducidos y maniatados con cintas masquin luego de que un grupo de infiltrados de la Policía y el Ministerio de Gobierno – según la denuncia- protagonizaron la agresión contra el entonces canciller David Choquehuanca, que había llegado a la movilización.
La represión policial dejó más de un centenar de heridos y unos 200 detenidos, que fueron liberados posteriormente. Además, varios menores fueron separados de sus padres, hecho que fue denunciado en diferentes instancias.
