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    YPFB lidera denuncias de corrupción con más de 73 casos; investigan patrimonio irregular de exfuncionario

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    Éxito Noticias, 16 de diciembre 2025.- La Comisión de la Verdad amplió su alcance de investigación y no solo abordará hechos vinculados al sector de hidrocarburos, sino también posibles irregularidades en otras áreas de la administración pública de anteriores gobiernos. Entre los temas que podrían ser revisados figura incluso la adquisición del avión presidencial realizada en 2010, considerada una operación de alto impacto económico para el Estado.

    De acuerdo con el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo García, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encabeza la lista de instituciones más observadas, acumulando más de 73 denuncias en su contra. Este número la coloca como la entidad con mayor cantidad de procesos abiertos por presuntos actos de corrupción.

    Uno de los casos más relevantes identificados por la comisión corresponde a un exfuncionario que ejercía como Jefe de Contrataciones en YPFB. Según los informes preliminares, en un periodo de aproximadamente tres años este servidor público habría incrementado su patrimonio en 15 millones de bolivianos, lo que generó sospechas de enriquecimiento ilícito y motivó la apertura de una investigación formal.

    El Gobierno destacó que la finalidad de estas indagaciones es garantizar transparencia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Para ello, se habilitó un código QR que permitirá a la población denunciar de manera directa y sencilla cualquier irregularidad detectada en gestiones pasadas, ampliando así los canales de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

    Con estas acciones, la Comisión de la Verdad busca consolidar un proceso de revisión integral que abarque tanto el sector hidrocarburífero como otras áreas estratégicas del Estado. El objetivo es establecer responsabilidades, sancionar a los implicados y sentar precedentes que fortalezcan la institucionalidad y la seguridad jurídica en Bolivia.

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