Éxito Noticias, 2 de marzo 2026.- El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, formalizó este jueves una denuncia penal contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, por presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. La acción judicial se sustenta en un audio filtrado en el que se admite la mala calidad del combustible adquirido por la estatal petrolera.
Según Lara, el material difundido revela que altos funcionarios de YPFB conocían que la gasolina importada no cumplía con los estándares adecuados y que se pretendía responsabilizar a una anterior administración. “Ese audio pone en evidencia que se ha mentido al país y que se adquirió combustible de mala calidad, provocando daños en motores de vehículos públicos y privados”, afirmó.
La denuncia también incluye delitos como uso indebido de información privilegiada y asociación delictuosa. El vicepresidente cuestionó que, en lugar de preservar la evidencia, se habría ordenado su destrucción desde el Banco Central de Bolivia (BCB), lo que —según dijo— vulnera los protocolos de investigación y compromete la transparencia del proceso.
De manera paralela, Lara presentó otra denuncia contra autoridades del BCB, la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por el accidente aéreo ocurrido en El Alto, acusándolos de homicidio culposo y legitimación de ganancias ilícitas. La acción busca establecer responsabilidades en torno al traslado de remesas y la presunta falta de control en la operación.
El vicepresidente sostuvo que la gestión de Rodrigo Paz, vinculada al manejo de YPFB, es deficiente y que las irregularidades detectadas deben ser esclarecidas por la justicia. “Estamos frente a hechos graves que afectan directamente a la economía y a la confianza de la población”, señaló.
Las denuncias ya fueron recepcionadas por el Ministerio Público, que deberá iniciar las investigaciones correspondientes. Lara aseguró que continuará impulsando acciones legales hasta que se determinen las responsabilidades penales y administrativas en ambos casos.
