Éxito Noticias, 20 de agosto 2026.- La difusión de una lista con nombres de parlamentarios que presuntamente habrían recibido sobresueldos reavivó las denuncias realizadas por la activista Nadia Beller sobre un supuesto pago de $us 5.000 a legisladores para favorecer al Gobierno en determinadas votaciones.
Ante la aparición de esta nómina, el diputado de Libre Reinaldo Seas pidió que tanto los legisladores mencionados como el Órgano Ejecutivo se pronuncien y aclaren públicamente las acusaciones.
Seas consideró necesario que los involucrados expliquen si existe algún vínculo con los presuntos pagos y que se establezca el origen de la información difundida, debido a que las acusaciones involucran directamente a miembros de la Asamblea Legislativa.
En paralelo, la diputada de Libre Lissa Claros ratificó su propuesta de levantar el secreto bancario de los parlamentarios para verificar si existieron movimientos económicos relacionados con la presunta compra de votos.
La legisladora sostuvo que la investigación debe alcanzar también al entorno familiar de los asambleístas, con el objetivo de identificar eventuales transferencias o depósitos que puedan aportar elementos sobre las denuncias.
Claros planteó que el levantamiento del secreto bancario permitiría determinar si hubo movimientos financieros inusuales y establecer responsabilidades individuales, en caso de comprobarse la existencia de pagos a cambio de respaldo legislativo.
La denuncia apunta a un supuesto mecanismo mediante el cual algunos parlamentarios habrían recibido recursos económicos para modificar sus posiciones o respaldar determinadas iniciativas impulsadas desde el Gobierno. Sin embargo, hasta el momento las acusaciones no han sido demostradas públicamente ante una instancia judicial.
Mientras algunos legisladores demandan una investigación, el diputado José Maldonado expresó reparos sobre las denuncias de Beller y cuestionó que, hasta ahora, no se hayan presentado respaldos suficientes que permitan confirmar los presuntos pagos.
Maldonado sostuvo que la difusión de nombres de parlamentarios no constituye por sí misma una prueba y consideró necesario que cualquier acusación sea acompañada de documentación o elementos verificables.
