Éxito Noticias, 12 de febrero 2026.- La renuncia de Margot Ayala a la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no resuelve el conflicto por los presuntos daños ocasionados a vehículos por combustible en mal estado, según el representante del transporte pesado, Pedro Quispe. En entrevista con radio Éxito, el dirigente aseguró que hasta el momento no existe una convocatoria formal para su sector respecto a procesos de indemnización y afirmó que persisten responsabilidades que deben ser investigadas.
Quispe sostuvo que la exautoridad tiene responsabilidad directa por la falta de fiscalización. Señaló que durante su gestión no se habría verificado el control de calidad ni los procesos de refinación. “Ella es directamente responsable por no fiscalizar”, afirmó, al remarcar que no se habría evaluado si el combustible distribuido era apto para su uso.
En ese marco, indicó que las fallas estarían vinculadas a una mala mezcla en las refinerías y consideró que no solo debía producirse una renuncia, sino una asunción de responsabilidades por los daños generados. A su criterio, quienes participaron en estos procesos “tienen que pagar todo el daño que han hecho a la sociedad”.
Consultado sobre los mecanismos anunciados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para atender reclamos, Quispe afirmó que el transporte pesado no fue convocado. Explicó que las gestiones dependen de confederaciones y federaciones del sector, que agrupan a los propietarios de los vehículos afectados.
Asimismo, expresó preocupación por la implementación de seguros para evaluar daños, al advertir que algunos casos podrían no ser reconocidos. Según el dirigente, el problema tendría un alcance nacional. “Se ha dañado a nivel nacional un 30 o 40% de movilidades”, sostuvo, al considerar que este aspecto no fue aclarado por el Gobierno.
Quispe cuestionó la versión oficial que atribuye la situación a factores externos o a un combustible “desestabilizado”. Explicó que los procesos de importación cuentan con controles estrictos desde el origen hasta los puertos de destino, con análisis de laboratorio antes de la descarga.
“Nunca nosotros hemos importado, nunca hemos importado. Siempre hemos comprado de los vecinos países”, señaló, al mencionar a proveedores como Petro Perú, Primax y empresas en Chile. En ese contexto, apuntó a YPFB como el punto donde se habría generado el problema. “¿Para qué echar etanol? ¿Para qué hacer la mezcla? ¿Para qué cambiar el color? Ahí está la falla”, afirmó.
Añadió que, tras el levantamiento de la subvención, ya no sería necesario mezclar la gasolina con etanol. “La gasolina blanca llega blanca, debe venderse así, evitar problemas”, indicó.
El representante del transporte pesado también rechazó la versión de que los problemas actuales provengan de la anterior gestión de gobierno. Aseguró que las importaciones de gasolina y diésel continúan llegando desde países vecinos y que incluso los privados están participando en la comercialización.
En relación a los precios, advirtió que el costo final para el consumidor no se justifica. “El diésel, la gasolina puede llegar al país a 7, a 7.30, a 7.50 bolivianos, No puede llegar más”, dijo, al cuestionar montos superiores.
Sobre la participación de intermediarios como Trafigura, Quispe afirmó que la importación debería realizarse de manera directa. “La importación tiene que ser directa. ¿Qué les falta a Yacimientos? Comprar y importar directamente”, manifestó, al recordar que Bolivia cuenta con infraestructura propia en el puerto de Arica.
Al comparar la situación con gestiones anteriores, el dirigente señaló que “está peor” y que los problemas ahora se evidencian en talleres mecánicos debido a la mala calidad del combustible, además del alto precio del diésel.
Asimismo, atribuyó la responsabilidad a YPFB y pidió una depuración técnica en refinerías. “No es cambiar directores, ministros y viceministros”, sostuvo, y añadió que se debe retirar al personal que estaría involucrado en mezclas irregulares. Como medida central, insistió en eliminar la mezcla con etanol y distribuir combustible sin alteraciones para evitar nuevos daños al parque automotor del país.
