Éxito Noticias, 26 de agosto 2026.- El Viceministerio de Transparencia identificó un daño económico superior a Bs 870 millones en una operación vinculada con la provisión de aceite crudo de soya para la planta de biodiésel N.º 1 de YPFB, informó este miércoles el viceministro Yamil García.
De acuerdo con la autoridad, la afectación se habría producido a partir de dos contratos adjudicados a la empresa Indueste SRL, cuyo valor conjunto alcanzó los Bs 1.057 millones. La investigación apunta principalmente a la modificación previa de las garantías exigidas para este tipo de contrataciones.
García explicó que el directorio de YPFB Refinación aprobó el 2 de abril de 2024 una modificación al reglamento de garantías que eliminó la obligación de presentar garantías de correcta inversión de anticipo y de cumplimiento de contrato para los proveedores de aceite crudo de soya.
Tres días después, el 5 de abril, se comunicó la adjudicación de los contratos a la empresa y, el 8 de abril, se suscribieron los documentos. Al día siguiente comenzaron los desembolsos de los anticipos.
“En menos de una semana, YPFB configura este esquema”, afirmó García, al señalar que se entregaron recursos millonarios sin contar con garantías suficientes que permitieran recuperar el dinero en caso de incumplimiento.
Según la explicación del viceministro, en una contratación estatal de estas características deben existir mecanismos para proteger los recursos públicos. Entre ellos se encuentra la garantía de cumplimiento de contrato, equivalente al 7% del monto, además de la garantía por el anticipo entregado.
Sin embargo, en este caso ambas garantías fueron eliminadas mediante la modificación aprobada por el directorio.
Posteriormente, cuando la empresa incumplió los contratos, YPFB acordó su terminación y aceptó como respaldo dos terrenos rurales ofrecidos por la compañía para garantizar la devolución de los recursos.
El problema surgió cuando la estatal intentó ejecutar esas propiedades. Según García, se determinó que se trataba de pequeñas propiedades agrarias que, por disposición constitucional, tenían carácter inembargable e inejecutable.
“Han concurrido una serie de hechos sistemáticamente realizados para beneficiar a una empresa”, sostuvo.
La autoridad afirmó que los más de Bs 870 millones comprometidos no retornaron al patrimonio de YPFB.
Ante estos hechos, el Viceministerio de Transparencia informó que presentó dos denuncias ante el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción.
Entre los denunciados se encuentran el representante legal de la empresa contratista, sus socios y funcionarios y exfuncionarios de YPFB Refinación, incluidos responsables de las áreas gerencial, comercial, jurídica y de la unidad solicitante.
Inicialmente son 14 las personas denunciadas, aunque García no descartó que la investigación sea ampliada a otros funcionarios que participaron en la elaboración de informes técnicos y legales o recomendaron la contratación sin garantías.
La autoridad señaló además que uno de los delitos denunciados es el de asociación delictuosa, debido a la presunta coordinación entre funcionarios y particulares para concretar la operación.
El caso de la planta de biodiésel forma parte de un conjunto de denuncias que el Viceministerio de Transparencia recibió durante las últimas semanas.
García informó que en aproximadamente 20 días fueron recibidas 60 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en YPFB y otras entidades vinculadas al sector de hidrocarburos.
“Tenemos una nueva denuncia por cada ocho horas”, afirmó.
Las denuncias incluyen presuntos casos de favorecimiento a proveedores, contrabando, desvío de combustibles y otras irregularidades. Según la autoridad, los casos involucran a funcionarios y particulares con nombres y apellidos y fueron reportados principalmente en Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca y Beni.
El Viceministerio anunció que realizará investigaciones financieras y patrimoniales sobre los presuntos involucrados y que dará a conocer nuevos hallazgos cada dos o tres días.
