Éxito Noticias, 22 de enero 2026.- El Viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que se encuentra en trámite la activación del sello azul para la búsqueda de Rafael Arce, hijo del presidente Luis Arce, tanto a nivel nacional como internacional, en el marco de varias investigaciones por enriquecimiento ilícito y movimientos económicos de alto valor detectados en los primeros meses del nuevo gobierno.
En contacto con radio Éxito, la autoridad explicó que al menos tres investigaciones están actualmente en curso. La primera se sustenta en un testimonio que reporta movimientos financieros por aproximadamente 3,3 millones de dólares. La segunda, que fue abordada en una audiencia desarrollada este jueves, está vinculada a la adquisición de un inmueble en la ciudad de La Paz con un costo cercano al medio millón de dólares, además de dos bienes adicionales cuyo valor conjunto asciende a 755 mil dólares. A ello se suma una tercera investigación preliminar relacionada con movimientos económicos que alcanzan casi 7 millones de bolivianos, así como transferencias de bienes inmuebles.
García remarcó que estos hechos se habrían producido en un periodo aproximado de 70 días tras el cambio de gobierno, por lo que no se descarta que surjan nuevos elementos conforme avancen las indagaciones. En ese contexto, señaló que el Ministerio de Transparencia puso a disposición de las autoridades judiciales todo el sistema de inteligencia patrimonial, con el fin de identificar a las personas involucradas, disponer la anotación preventiva de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias.
Sobre la situación del principal investigado, el Viceministro confirmó que ya se inició el procedimiento para la emisión del sello azul, mecanismo que permite establecer el paradero de una persona. Asimismo, precisó que el sello rojo será activado una vez se complete el trámite correspondiente, luego de que un juez emitiera un mandamiento judicial de aprehensión durante la jornada.
El Viceministro subrayó que el objetivo de estas acciones no se limita a procesar penalmente a los involucrados, sino también a recuperar los recursos y bienes que habrían sido obtenidos de manera irregular en favor del Estado. En ese sentido, reveló que en poco más de dos meses el Viceministerio de Transparencia recibió 340 comunicaciones por posibles hechos de corrupción, que comprometen a más de 60 entidades públicas.
Asimismo, García aseguró que la lucha contra la corrupción constituye una política central del Gobierno y que se continuará trabajando para transparentar el manejo de los recursos públicos, identificar a los responsables y evitar que estos hechos queden en la impunidad.
