Éxito Noticias, 14 de enero 2026.- La senadora Claudia Mallón, jefa de bancada de APB-SÚMATE, cuestionó la falta de sanciones contra los bloqueos en Bolivia y afirmó que, tras dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), esta medida de presión se “institucionalizó” sin consecuencias penales para sus promotores, pese al impacto económico y social que genera en la población.
Mallón remarcó que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la protesta, pero no así el bloqueo de carreteras. En ese marco, sostuvo que impedir el libre tránsito vulnera derechos fundamentales y afecta de manera directa a sectores productivos y a la ciudadanía. “El bloqueo no puede ser entendido como un derecho humano cuando perjudica a millones de bolivianos”, señaló.
La legisladora lamentó que, en el actual contexto político, los recientes conflictos hayan derivado en pérdidas millonarias para el país. Indicó que los más afectados fueron los floricultores, el sector agropecuario, el comercio informal y el turismo, además de personas que quedaron varadas sin recursos para retornar a sus destinos. A su juicio, esta situación proyecta una imagen de inestabilidad que vuelve inviable a Bolivia como destino turístico.
En ese escenario, Mallón cuestionó la respuesta del nuevo Gobierno de Rodrigo Paz y del vicepresidente Edmand Lara, al considerar que la emisión de decretos frente a los conflictos refleja “debilidad estructural” y termina perjudicando a la población. Aseguró que estas decisiones, lejos de resolver el problema de fondo, profundizan la incertidumbre económica y social.
La senadora recordó que APB-SÚMATE presentó un proyecto de ley que establece sanciones de entre ocho y diez años de cárcel para quienes bloqueen vías e impidan el paso de ambulancias, medicamentos, alimentos, agua y combustibles. Explicó que la propuesta normativa se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, sin informe favorable ni rechazo.
Asimismo, informó que su bancada presentó una solicitud formal para que, una vez vencido el plazo reglamentario de 15 días, que se cumplió el pasado 10 de noviembre, el proyecto sea tratado en el pleno del Senado. Mallón señaló que existe la posibilidad de que el debate se instale en las próximas horas, lo que permitirá, dijo, que el país conozca qué legisladores respaldan una normativa contra los bloqueos y quiénes, en su criterio, se alinean con los sectores que promueven esta medida de presión.
