Éxito Noticias, 12 de febrero 2026.- El senador José Sánchez informó que la Asamblea Legislativa activó el mecanismo de interpelación a autoridades del Órgano Ejecutivo en el marco de las denuncias por presunto sobreprecio en contratos de hidrocarburos y por la comercialización de combustible en mal estado. En entrevista con radio Éxito, el legislador señaló que ya se presentó una petición de informe oral para que el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, comparezca y explique las observaciones detectadas.
Sánchez precisó que la interpelación busca esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas, así como el daño económico que, según la documentación preliminar, habría afectado al Estado y a sectores como el transporte público. Indicó que el ministro deberá acudir con respaldo técnico y contractual, ya que considera que no basta con atribuir responsabilidades a gestiones pasadas.
El legislador añadió que la convocatoria también apunta a determinar por qué se mantuvo a funcionarios de anteriores administraciones y si existieron estudios previos que justifiquen los precios pagados. En ese marco, remarcó que la interpelación es una atribución constitucional destinada a transparentar la gestión pública y garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado.
Asimismo, Sánchez informó que, además del ministro de Hidrocarburos, se cursó otra petición de informe oral dirigida al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo por otros hechos de presunta corrupción que tampoco fueron esclarecidos hasta la fecha.
Respecto a los plazos, explicó que corresponde a las presidencias de ambas cámaras fijar fecha y hora para las comparecencias, aunque advirtió que desde la Asamblea se insistirá para que las interpelaciones se realicen a la brevedad posible. “La intención es que vengan a decir la verdad y muestren la documentación”, sostuvo.
De igual forma, el senador subrayó que el proceso de interpelación se enmarca en la labor de fiscalización del Legislativo y no responde a intereses políticos, sino a la necesidad de dar certezas a la población sobre el manejo de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.
