Éxito Noticias, 21 de agosto 2026.– La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró procedente una acción de libertad presentada a favor de Carlos Sánchez Berzaín y otras exautoridades del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, lo que deja sin efecto el proceso judicial iniciado por los hechos de octubre de 2003. La resolución declaró la “nulidad de pleno derecho” de la apertura del juicio de responsabilidades de marzo de 2009 y de las actuaciones posteriores relacionadas con los exministros que presentaron el recurso.
La decisión alcanza a Sánchez Berzaín, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Sánchez de Lozada, y a exministros de Participación Popular que también eran procesados por los acontecimientos registrados en octubre de 2003. La Sala Constitucional estableció que, al quedar anulada la apertura del juicio, este proceso queda sin eficacia legal para los exministros que fueron beneficiados por la acción de libertad.
Como consecuencia de la resolución, también deben quedar sin efecto las medidas restrictivas de derechos y las órdenes o mandamientos de aprehensión que se hubieran emitido dentro de ese proceso contra los exfuncionarios favorecidos. Sin embargo, la resolución tiene alcance únicamente sobre quienes interpusieron la acción de libertad y no implica automáticamente la anulación de otros procesos o responsabilidades que pudieran corresponder por vías diferentes.
Los hechos de octubre de 2003 dejaron uno de los episodios más graves de la historia reciente de Bolivia. Durante las movilizaciones, bloqueos y la represión militar, entre 67 y 68 personas perdieron la vida, según los registros mencionados, además de más de 400 heridos. La crisis terminó con la renuncia de Sánchez de Lozada, quien abandonó el país el 17 de octubre de ese año junto a Sánchez Berzaín, posteriormente asilado en Estados Unidos. Otros exministros también salieron del país y recibieron refugio en distintas naciones.
Tras conocerse la decisión judicial, Roberto de la Cruz anunció que presentará un recurso para impugnarla, por considerar que la resolución afecta el proceso relacionado con las víctimas de octubre de 2003.
