Éxito Noticias, 15 de noviembre 2024.- La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este viernes que los responsables de los bloqueos de caminos que afectaron al país durante 24 días deberán enfrentar a la justicia por los daños económicos y delitos cometidos, siempre respetando el debido proceso. Alcón señaló que estas acciones perjudicaron al Estado, a la población, a la economía y a la libre transitabilidad, por lo que corresponde que los implicados respondan ante las instancias judiciales.
El bloqueo, promovido por sectores afines a Evo Morales entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre, generó pérdidas económicas superiores a los $us 2.200 millones. Según la autoridad, esta situación afectó a empresas de diversos tamaños, sectores productivos, gremiales, transportistas y a la ciudadanía en general.
Durante estas movilizaciones se registraron actos de violencia en varios puntos de bloqueo, como en Parotani y Mairana, donde los manifestantes utilizaron explosivos y dinamita, además de retener a policías y periodistas que intentaban realizar operativos de desbloqueo o cubrir los hechos. Al menos 25 trabajadores de la prensa fueron agredidos, despojados de sus equipos y atacados con piedras, palos y explosivos. También se reportaron agresiones contra personal de salud, transportistas y efectivos policiales.
Humberto Claros y Ramiro Cucho, identificados como líderes de los bloqueos, fueron aprehendidos el miércoles y enfrentan investigaciones por al menos 12 delitos, entre ellos alzamiento armado y terrorismo. En el domicilio de Cucho, la Policía Boliviana halló municiones y armamento de guerra. Paralelamente, se realizan operativos para la captura de Ponciano Santos y el exministro Juan Ramón Quintana, quienes también están acusados de terrorismo, alzamiento armado y daños a bienes del Estado.
Alcón reiteró que las investigaciones deben llevarse a cabo dentro del marco del debido proceso y subrayó que quienes hayan cometido delitos no pueden buscar quedar impunes. Asimismo, destacó la gravedad de las acciones que no solo causaron un impacto económico masivo, sino que también vulneraron derechos fundamentales como el libre tránsito y la seguridad de las personas.
