Éxito Noticias, 16 de julio 2025.- Este miércoles, el Juzgado de Sentencia Penal Nº 4 de Cochabamba retomó el juicio contra los exprovinciales de la Compañía de Jesús, Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, acusados de encubrir los delitos de abuso sexual cometidos por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas Moreno en contra de niñas, niños y adolescentes.
El proceso judicial fue iniciado de oficio por el Ministerio Público, y en él se acumulan también las denuncias presentadas por la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Educación, el Servicio Plurinacional de Apoyo a las Víctimas (Sepdavi) y el Provincial Jesuita Bernardo Mercado Vargas. Se trata de uno de los casos más relevantes de violencia sexual eclesiástica en Bolivia, con 18 víctimas denunciantes y más de un centenar de pruebas documentales y testificales.
Desde la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, organización que agrupa a víctimas de abuso eclesiástico, se exige a la justicia emitir una señal clara de que estos crímenes no quedarán impunes en el país, a pesar de que las estructuras responsables pertenezcan a órdenes religiosas internacionales.
El vocero Pedro Lima denunció que los provinciales jesuitas implementaron durante años un mecanismo de protección institucional a los agresores, reubicándolos en lugar de denunciarlos, lo que permitió que los abusos continuaran durante décadas en distintas regiones del país.
La acusación formal del Ministerio Público sostiene que ambos exprovinciales ejecutaron personalmente actos que configuran el delito de encubrimiento y solicita una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad.
El juicio, que se desarrollará de forma oral y continua, incluye además informes psicológicos, pericias antropológicas con enfoque de género y evidencias materiales de los abusos cometidos.
A su vez, la organización de sobrevivientes reveló que, además de Pedrajas, al menos nueve sacerdotes jesuitas más están señalados por delitos similares, entre ellos Francesc Peris, Carlos Villamil Olea, Francisco Pifarré Clapés y Jorge Vila Despujol. También se identifican como encubridores a los tres últimos provinciales: Osvaldo Chirveches, Ignacio Suñol y Bernardo Mercado, quienes tienen imputación formal.
Los activistas piden que se amplíen las investigaciones para determinar la responsabilidad de todos los implicados en el sistema de encubrimiento dentro de la Compañía de Jesús en Bolivia.
