Éxito Noticias, 27 de junio 2026.- El Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto de la Vía, informó durante una entrevista en el programa televisivo No Mentirás que la institución lleva adelante un proceso de transformación y reestructuración progresiva orientado a fortalecer la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción, en cumplimiento del mandato del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz.
En ese marco, la autoridad anunció que desde el mes de abril se procedió a la desvinculación de funcionarios vinculados a supuestas denuncias de corrupción durante la anterior gestión de la Alcaldía de Santa Cruz. Estas decisiones forman parte de la revisión permanente de las designaciones de personal que impulsa la Institución.
Soto de la Vía explicó que, al momento de su incorporación, los mencionados funcionarios cumplieron con todos los requisitos legales y administrativos establecidos por la Aduana Nacional, entre ellos la presentación del Certificado de Antecedentes Penales (REJAP), la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Certificado de Solvencia Fiscal, el Certificado de No Violencia (CENVI), el Certificado de Antecedentes Policiales (FELCC) y la Declaración de No Doble Percepción Salarial.
No obstante, remarcó que el cumplimiento de los requisitos formales no constituye el único criterio para la permanencia de los servidores públicos, ya que la institución también evalúa permanentemente principios de integridad, transparencia, responsabilidad y conducta ética de su personal.
Además, respecto al audio difundido sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con la liberación de mercancía en Tarija, el Presidente Ejecutivo aclaró que la Aduana Nacional actuó conforme a la normativa vigente, efectuando el comiso correspondiente. Precisó que la persona que mantenía un acuerdo con el contrabandista es, supuestamente, un teniente del Ejército, dependiente del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando (VLCC), quien es increpado en la grabación precisamente por el decomiso realizado por personal aduanero.
En relación con el audio difundido por el medio televisivo DTV, en el que presuntamente se solicita dinero a personal de la Aduana Nacional, la autoridad informó que la persona nombrada en esta noticia sería supuestamente la exfuncionaria Ayde Choque, quien desempeñó funciones en la Aduana Nacional Regional Oruro, desde el año 2014 y fue desvinculada el 3 de junio de 2026, luego de atravesar un Proceso Sumario ante la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Aduana Nacional y evidenciarse vínculos estrechos con un contrabandista, identificado como su hermano.
Asimismo, indicó que el otro funcionario nombrado como supuesto participante en dicha conversación sería Juan Carlos Copa Veliz, Técnico en Gestión Aduanera de la Frontera Pisiga, quien ingresó a la institución en la gestión 2017 y actualmente continúa desempeñando funciones. Su presunta participación en los hechos difundidos está siendo investigada por la Unidad de Transparencia de la Aduana Nacional, conforme a la normativa vigente.
La Autoridad Ejecutiva señaló que la reestructuración institucional continuará desarrollándose de manera progresiva, con el propósito de consolidar una Aduana Nacional moderna, eficiente y comprometida con la legalidad, fortaleciendo la confianza ciudadana y mejorando continuamente los procesos aduaneros.
Con estas acciones, la Aduana Nacional reafirma su compromiso de consolidar una gestión transparente, eficiente y libre de corrupción, garantizando que la revisión permanente del desempeño y la conducta de sus servidores públicos sea un componente esencial del proceso de transformación institucional.
Soto explicó que la entrevista fue solicitada por el programa televisivo No Mentirás con el propósito de que la Aduana Nacional brinde su versión institucional y aclare las recientes denuncias difundidas por otro medio de comunicación. En ese contexto, recordó que la legislación boliviana, en el marco de la Ley de Imprenta y de los principios que rigen el ejercicio responsable del periodismo, reconoce el derecho de toda institución o persona a solicitar la rectificación y la réplica cuando se difunda información inexacta o que requiera ser aclarada, garantizando de esta manera el acceso de la ciudadanía a información debidamente contrastada y verificada.
