Éxito Noticias, 31 de enero 2026.- Rafael “Tata” Quispe denunció que su exclusión de la papeleta para las elecciones subnacionales no fue un acto administrativo, sino una decisión con tinte político tomada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En sus declaraciones, apuntó directamente contra el presidente de la entidad, Gustavo Ávila, a quien responsabilizó de haberle arrebatado la candidatura.
La salida de Quispe de la contienda se produjo tras la pérdida de personería jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), que no logró superar el 3% de votos en las elecciones nacionales de 2025. Sin embargo, el excandidato aseguró que la determinación no fue unánime, como se informó oficialmente, y mencionó que el vocal Carlos Alberto Gortia habría expresado un voto disidente.
Quispe sostuvo que los sondeos lo ubicaban en primer lugar de la intención de voto para la Gobernación de La Paz, lo que, según él, explica la maniobra política detrás de su inhabilitación. “En Santa Cruz quieren favorecer a Camacho y en La Paz a Revilla; ese es el trasfondo de todo esto”, afirmó, sugiriendo que el TSE estaría operando en beneficio de determinados actores políticos.
El exdirigente también recordó la trayectoria de Ávila, quien fue designado vocal del Tribunal Electoral de Tarija en 2016 durante el gobierno del MAS y posteriormente ratificado bajo la administración de Luis Arce. Para Quispe, estos antecedentes muestran que el actual presidente del TSE mantiene vínculos políticos que influyen en sus decisiones.
En sus declaraciones, Quispe cuestionó la imparcialidad del órgano electoral y advirtió que la ciudadanía debe estar atenta a lo que considera un intento de manipulación del proceso democrático. A su juicio, la exclusión de UCS y de su candidatura es parte de una estrategia para limitar opciones que podrían disputar el poder en La Paz.
Finalmente, el excandidato lanzó una advertencia: “Esto no se va a quedar así”. Con esa frase, dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales o movilizaciones, asegurando que continuará denunciando lo que considera una vulneración a sus derechos políticos y a la voluntad popular.
