Éxito Noticias, 7 de enero 2026.- El activista Peter Beckhauser explicó que la proposición acusatoria presentada ante la Fiscalía General del Estado contra el vicepresidente Edmand Lara se encuentra en una etapa decisiva, ya que la autoridad fiscal debía pronunciarse en el plazo de 24 horas sobre su admisión, rechazo u observación. Señaló que, de ser admitida, el proceso avanzará a la fase de declaraciones, en la que incluso podrían ser convocadas altas autoridades para aportar mayores elementos a la investigación.
En contacto con radio Éxito, Beckhauser sostuvo que el eje central de su denuncia no se limita a presuntos hechos de corrupción, sino que incorpora la necesidad de evaluar las condiciones mentales del Vicepresidente para enfrentar un proceso judicial. Remarcó que, conforme a derecho, una persona que no se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales no puede ser válidamente enjuiciada ni ejercer funciones públicas de alta responsabilidad.
“Dentro del mismo proceso, si es admitido, hemos pedido las diligencias de prueba forense psicológica y psiquiátrica, para ver que el Vicepresidente esté en condiciones aptas, mentalmente hablando. Si puede, primero, ser enjuiciado, porque todo juicio contra una persona que esté inhábil en sus sentidos mentales no puede ser procesado desde el pleno derecho. Y también, si el vicepresidente no está dentro de sus cabales mentales para ser enjuiciado, tampoco estará en sus cabales mentales para ejercer el cargo”, afirmó Beckhauser.
El activista aclaró que su accionar no responde a afinidad política con el Gobierno, reiterando que se considera opositor y que sus denuncias buscan sentar precedentes institucionales.
Asimismo, explicó que el pedido de pericia psicológica se encuentra formalmente incorporado dentro de las diligencias solicitadas a la Fiscalía, a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Según Beckhauser, esta evaluación permitiría establecer si la autoridad denunciada está en condiciones de afrontar un juicio y, paralelamente, si mantiene la capacidad mental necesaria para ejercer el cargo.
De igual forma, Beckhauser precisó que, en un escenario hipotético en el que se determine una inhabilitación, existen antecedentes constitucionales claros sobre la sucesión en el cargo. Recordó que estos procedimientos ya se aplicaron en el pasado y que no han sido declarados inconstitucionales, por lo que seguirían plenamente vigentes. Para el activista, si Lara fuese legalmente incapacitado, quien deberá asumir el cargo de vicepresidente será el presidente del Senado.
Respecto a los fundamentos de la acusación, el activista señaló que uno de los ejes centrales se basa en hechos que, según afirmó, son de conocimiento público. Mencionó la existencia de registros audiovisuales y declaraciones previas que, a su criterio, comprometerían la conducta de la autoridad denunciada, además de presuntas irregularidades vinculadas a la recepción de dádivas y a gestiones realizadas fuera del marco legal vigente.
Además, explicó que la denuncia incluye señalamientos sobre posibles solicitudes de designaciones en altos cargos, lo que, de comprobarse, configuraría una vulneración a normas expresas que rigen el ejercicio de la función pública. Bajo esos argumentos, aseguró que la proposición acusatoria se sustenta en hechos verificables y en disposiciones legales claras.
