Éxito Noticias, 10 de marzo 2026.- Este martes, los productores de la Federación de Interculturales de Yapacaní y representantes del Gobierno nacional alcanzaron un acuerdo que permitió levantar el bloqueo de caminos en ese municipio. La medida de presión había sido instalada en rechazo al Decreto Supremo 5547, que establece arancel cero para la importación de granos de soya, considerado por los productores como una amenaza a la producción nacional.
El documento firmado señala que las autoridades se comprometen a abrogar dicho decreto en un plazo máximo de 72 horas, con su publicación oficial en la Gaceta del Estado. Mientras tanto, los productores declararon estado de emergencia, en espera de que se cumpla el compromiso asumido por los viceministros presentes en la reunión.
En contraparte, los productores aceptaron levantar de inmediato los bloqueos de caminos tras la firma del acta de acuerdo. Esta decisión busca restablecer la normalidad en la región, afectada por varios días de paralización del tránsito vehicular y perjuicios económicos para transportistas y comerciantes.
La reunión contó con la participación del viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano; el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, José Castro; y el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Karel Adin Rivero Marín. La presencia de estas autoridades fue clave para dar garantías de cumplimiento a las demandas del sector productivo.
El acuerdo también contempla la autorización para que los productores, junto con las instancias estatales, realicen controles en la frontera contra el contrabando de arroz. Este problema ha sido señalado reiteradamente por los agricultores como uno de los factores que debilitan la competitividad del sector arrocero en el mercado interno.
La exigencia de abrogar el Decreto Supremo 5547 responde a la percepción de los productores de que la importación de soya genera una competencia desleal frente al pequeño agricultor nacional. Según argumentan, la medida reduce los precios de venta en el mercado interno y desincentiva la producción local, afectando directamente a quienes dependen de la agricultura para sostener su economía familiar.
