Éxito Noticias, 11 de febrero 2026.– La Procuraduría General del Estado anunció la conformación de la Comisión de la Verdad II, un organismo que tendrá como misión investigar las presuntas irregularidades en la compra de combustibles y la posible contaminación detectada en el suministro nacional. La medida busca garantizar transparencia y dar seguimiento a los procesos de adquisición, importación y distribución de carburantes.
El procurador general, Hugo León La Faye, informó que durante la jornada se enviarán las cartas correspondientes a las cámaras de Diputados y Senadores para acreditar a los miembros de la comisión. Una vez que sus integrantes estén oficialmente designados, el grupo asumirá la investigación sobre la compra de combustibles y las causas que habrían provocado problemas de calidad en algunas estaciones de servicio.
León recordó que la iniciativa ya había sido anunciada por la Presidencia del Senado y que solo resta formalizar las acreditaciones para iniciar el trabajo. Según explicó, la comisión estará integrada por expertos independientes y autoridades del sector energético, quienes tendrán acceso a contratos, auditorías y documentación relevante para esclarecer los hechos.
Por su parte, el presidente del Senado, Diego Ávila, respaldó la conformación de la Comisión de la Verdad II y destacó que contará con especialistas en distintas áreas. Señaló que se han puesto a disposición auditores y documentos parlamentarios para que las investigaciones se realicen con profundidad y rigor técnico.
Ávila subrayó la necesidad de que la comisión sea “fuerte y representativa”, capaz de esclarecer las denuncias sobre presuntas irregularidades vinculadas a la adquisición y calidad de los combustibles. Además, enfatizó que la Procuraduría está liderando el proceso con dedicación y compromiso, lo que permitirá avanzar hacia resultados confiables.
La creación de esta comisión se da en un contexto de cuestionamientos públicos sobre la calidad de la gasolina y el proceso de compra de combustibles en el país. Con esta medida, las autoridades buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los recursos energéticos se administren con transparencia, responsabilidad y respeto a los estándares de calidad.
