Éxito Noticias, 9 de diciembre 2025.- El violento enfrentamiento registrado el lunes en la zona de Cotapachi, Cochabamba, en medio del conflicto por la instalación del botadero municipal, dejó un saldo de dos personas fallecidas, más de una decena de heridos y siete policías lesionados, según el reporte del abogado que representa a los efectivos policiales agredidos, Rolando Ramos. La intervención policial se realizó en cumplimiento de una resolución judicial de acción popular que ordenaba el desbloqueo inmediato del sector.
El jurista explicó, en contacto con radio Éxito, que el origen del conflicto tiene dos dimensiones: por un lado, la disputa entre la Alcaldía de Quillacollo y la Alcaldía de Colcapirhua por los límites municipales; por otro, el desacuerdo sobre la ubicación del botadero. “Había dos grupos: uno afín a la Alcaldía de Quillacollo, que rechaza el botadero, y otro vinculado a la Alcaldía de Colcapirhua, que sí lo respalda”, señaló.
El ingreso de la Policía al lugar derivó en una emboscada. Según el abogado, la presencia policial fue “monitoreada” previamente por uno de los grupos, lo que permitió coordinar una acción violenta contra los uniformados. Durante la intervención dos sargentos fueron secuestrados, y cuando dos tenientes acudieron a rescatarlos, también terminaron cautivos.
Los efectivos fueron golpeados y en un caso obligados a permanecer en un hueco de tres metros de profundidad, donde fueron apedreados desde arriba. Varios policías no tenían casco al momento del ataque. Uno de los tenientes recibió impactos de perdigones metálicos, de los cuales 35 fueron extraídos quirúrgicamente en un hospital; otro oficial sufrió un traumatismo craneoencefálico moderado. Otros cinco policías resultaron heridos y permanecen en recuperación.
El abogado confirmó que ambos bandos contaban con grupos de choque organizados, armados con dinamita, granadas artesanales y, en algunos casos, armas de fuego. Durante el operativo se secuestraron drones utilizados para monitorear los movimientos policiales, además de celulares, proyectiles y otros artefactos que ahora están bajo análisis del Ministerio Público.
“Había una planificación previa para agredir y retener a los efectivos. El enfrentamiento era fuerte entre los dos grupos rivales”, explicó. También indicó que se investiga quién financió y coordinó estas estructuras.
Respecto a las dos personas fallecidas, el abogado pidió que el caso no sea politizado, ante la circulación en redes sociales de mensajes que atribuyen las muertes al Gobierno. Afirmó que el conflicto se desarrolló en un contexto “absolutamente provincial”, donde pobladores de ambos municipios estaban confrontados y fuertemente armados.
“Lo evidente es que había grupos de choque de ambos lados; politizar esto no ayuda. El origen del problema es regional y nace de una disputa por un botadero y una acción popular que ordenó el desbloqueo”, agregó.
La parte denunciante inicialmente presentó cargos por lesiones graves, pero ahora la investigación se amplió a tentativa de homicidio, debido al riesgo extremo que enfrentaron los policías. Los equipos del Ministerio Público y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen trabajan en una zona de difícil acceso, recolectando evidencias para establecer el grado de participación de cada persona aprehendida.
