Éxito Noticias, 24 de agosto 2026.- La Fiscalía investiga un presunto daño económico superior a Bs 40 millones por irregularidades en la construcción de la Planta Piscícola del Lago Titicaca, ubicada en el municipio de San Pedro de Tiquina, La Paz. El proyecto fue impulsado durante la gestión de Luis Arce y contemplaba una inversión superior a Bs 72 millones; sin embargo, de acuerdo con la investigación, la obra presenta un avance físico muy inferior al monto que ya fue pagado a la empresa contratista. El Ministerio Público sostiene que se desembolsó alrededor del 90% del contrato pese a que la infraestructura no fue concluida.
El fiscal Wilson Medrano explicó que las principales observaciones están relacionadas con los pagos efectuados, las modificaciones al plazo de ejecución y la falta de controles sobre el avance de la obra. Según la investigación, se habrían autorizado desembolsos pese a que el proyecto no alcanzó el nivel de ejecución establecido en el contrato. El caso involucra al exgerente general de Emapa, Franklin Flores, y al exviceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, quien además ejercía la presidencia del directorio de Emapa y tenía entre sus funciones el seguimiento y fiscalización de las actuaciones de la gerencia.
En el marco de este proceso, Siles fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de San Pedro, imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía considera que existen elementos que permiten investigar su posible responsabilidad por la falta de controles durante las distintas etapas del proyecto, desde el financiamiento hasta la ejecución. Flores también permanece dentro de la investigación por su rol como máxima autoridad ejecutiva de Emapa durante el desarrollo de la obra.
Ahora, el Ministerio Público ampliará las diligencias para determinar si existen más funcionarios involucrados. Medrano anunció una inspección ocular en el lugar donde debía funcionar la planta y en instalaciones de Emapa, además de la revisión de documentación que fue secuestrada durante la investigación. También serán convocadas más de 60 personas en calidad de testigos, entre ellas exintegrantes del directorio de Emapa y miembros de la comisión encargada de supervisar y fiscalizar el proyecto.
La Fiscalía busca establecer por qué se autorizaron órdenes de cambio y ampliaciones de plazo y, pese a las demoras, se continuaron realizando desembolsos por una obra que permanecía inconclusa. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Emapa y actualmente apunta a establecer las responsabilidades individuales por el presunto perjuicio al Estado. De acuerdo con información de la Fiscalía, el caso ya cuenta con más de 50 elementos probatorios y el monto del posible daño económico fue calculado en Bs 44.586.204,34.
