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    Oviedo dice que el Estado de Excepción es decisión exclusiva del Ejecutivo y será aplicado cuando corresponda

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    Éxito Noticias, 9 de junio 2026.- El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue enfático al señalar que cualquier decisión sobre la aplicación de un Estado de Excepción corresponde únicamente al gabinete ministerial bajo la conducción del presidente Rodrigo Paz. “Esta es una atribución del gabinete de ministros a la cabeza del presidente y será tratada en el momento en que corresponda. Lo demás son especulaciones”, afirmó la autoridad, buscando despejar dudas en medio de la tensión social.

    Las declaraciones se producen cuando Bolivia cumple 40 días de protestas y varios sectores presionan para que el Gobierno active esta medida con el fin de restablecer el orden y liberar las carreteras bloqueadas. Oviedo insistió en que la decisión no depende de rumores ni presiones externas, sino de un análisis institucional que se dará en el momento oportuno.

    El ministro recalcó que se debe dejar de lado las versiones que circulan sobre una supuesta inminente aplicación del decreto. “Para dejar de lado especulaciones, quiero reiterar que esta es una atribución del Ejecutivo y será tratada en el momento que corresponda”, subrayó.

    El pronunciamiento llega tras la promulgación de la nueva Ley que regula los Estados de Excepción, aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el presidente Paz. La norma generó que distintos sectores sociales intensifiquen sus pedidos para que se active de inmediato, lo que incrementó la presión sobre el Gobierno.

    Cabe recordar que las movilizaciones comenzaron el 1 de mayo, convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores campesinos con demandas sectoriales. Con el paso de las semanas, las protestas derivaron en un pedido político más fuerte: la renuncia del presidente Rodrigo Paz, dejando de lado las exigencias iniciales.

    El Gobierno ha convocado en reiteradas ocasiones a los sectores movilizados para abrir espacios de diálogo. Incluso la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo intentaron mediar, pero las organizaciones rechazaron las propuestas, manteniendo firme su postura de presión en las calles.

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