Éxito Noticias, 20 de octubre 2026.- La Ley 1779 de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales permitirá al Órgano Judicial disponer de aproximadamente Bs 300 millones, equivalentes al 30% de los cerca de Bs 1.000 millones depositados en cuentas judiciales, para invertirlos en infraestructura, apoyo jurisdiccional y renovación tecnológica. El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Primo Martínez, explicó que antes de utilizar estos recursos se deberá realizar una auditoría y aprobar la reglamentación correspondiente, en un plazo de 90 días.
Martínez aclaró que la norma establece que podrán prescribirse los depósitos judiciales que hayan cumplido el plazo de cinco años previsto por ley. Asimismo, precisó que no todos los recursos acumulados podrán ser utilizados, ya que primero se deberá determinar cuáles cumplen las condiciones legales para su consolidación. “El artículo 14 de esta norma especifica que van a ser destinados a infraestructura, apoyo jurisdiccional y renovación tecnológica, no puede ir a otro rubro”, sostuvo el magistrado.
La autoridad señaló que la auditoría permitirá identificar los depósitos de los que efectivamente se podrá disponer, mientras que la reglamentación definirá los procedimientos para ejecutar la inversión y evitar vacíos en la aplicación de la ley. “En esos mismos plazos de 90 días tiene que realizarse una auditoría de cuáles son los depósitos que realmente vamos a hacer, es posible disponerlos y cuáles no”, manifestó, al reiterar que solo un porcentaje de los recursos podrá destinarse a los fines establecidos por la normativa.
Uno de los principales objetivos de la medida será mejorar las condiciones tecnológicas de los juzgados, debido a las limitaciones que presentan los equipos informáticos del sistema judicial. Martínez explicó que la implementación del sistema de gestión de causas evidenció dificultades para operar con las computadoras disponibles, especialmente durante su aplicación en Oruro. “De todas las computadoras con la que se cuenta, apenas el 10% podía rendir a los propósitos”, afirmó, al justificar la necesidad de renovar los equipos.
El magistrado indicó que los recursos también podrán contribuir a mejorar la infraestructura judicial y fortalecer el apoyo jurisdiccional, con el propósito de facilitar el trabajo de los operadores de justicia. Sin embargo, la utilización de los aproximadamente Bs 300 millones dependerá de los resultados de la auditoría y de la reglamentación que debe aprobarse dentro del plazo establecido. De esta manera, la ley fija tanto el origen de los fondos como los sectores específicos en los que podrán invertirse.
