Éxito Noticias, 2 de agosto 2025.- El sol del viernes caía lentamente sobre las avenidas paceñas cuando la Intendencia Municipal, acompañada por efectivos de la Policía Boliviana y la Secretaría Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, irrumpió en dos rincones de la ciudad donde la norma era una idea lejana y la salubridad, un recuerdo remoto.
El primer golpe fue certero. En un local llamado “Karaoke Averno”, cuyo nombre parecía una premonición del infierno que se hallaría dentro, los funcionarios encontraron un sitio disfrazado de restaurante, con una licencia de funcionamiento presuntamente falsificada y un ambiente más cercano a un bar sin reglas que a un comedor familiar.
El inspector Enrique Condori lo resumió con gesto grave: “En primera instancia hemos ingresado a la cocina para verificar la buena manipulación de alimentos, lo que encontramos fue lo contrario”. Allí no había ni orden ni higiene, apenas un viejo vaso de licuadora y utensilios corroídos por el tiempo, que fueron incautados para ser desechados. El olor lo decía todo. El ambiente olía más a trago que a comida, y el murmullo de la noche anterior aún flotaba entre las paredes.
“No ganamos nada ya con la comida, por eso sólo eran dos cumpleaños privados”, se excusó la dueña del local, Marcela Candia, con voz quebrada por la tensión. “He presentado todo lo que me han pedido. El que nada tiene, nada teme”, agregaba mientras los inspectores verificaban una a una las botellas de cerveza y los documentos, piezas de un rompecabezas legal que no terminaba de encajar.
Pero el operativo no se detuvo ahí. El siguiente destino fue un local informalmente conocido como “Santiagueño”, ubicado en la avenida América. Allí, el panorama fue igual de desolador. Mientras una familia almorzaba con aparente normalidad, la mayoría de los presentes se entregaba al consumo abierto de alcohol, fuera del horario permitido por la Ley 259. No era un bar, aunque lo parecía por las 302 unidades de cerveza y otras bebidas alcohólicas que fueron decomisadas.
La cocina, una vez más, resultó ser el reflejo de la negligencia. Ollas con costras secas, platos astillados, utensilios sucios y ocho kilos de alimentos en avanzado estado de descomposición daban cuenta del abandono. Según las denuncias, esos mismos platos en mal estado habían sido servidos ese mediodía como parte del menú.
“Estos productos estaban siendo servidos a los comensales a plena luz del día”, explicó la Intendente Andrea Ascarrunz. “No podemos permitir que se ponga en riesgo la salud de la población”. El local fue notificado para una clausura definitiva por riesgo sanitario.
Ascarrunz con tono firme recordó que, “según norma, pueden consumir desde las 19:00 hasta las 03:00. Este lugar no es un bar. Tiene licencia de restaurante”. Esa diferencia, aparentemente burocrática, marca la línea entre lo legal y lo sancionable.
La administradora del local intentó defenderse. “Con lo caro que está todo, ya no se gana. El alquiler sube, la carne también. Uno se las arregla como puede”. Una frase entre la resignación y la confesión, común en una economía informal donde la subsistencia a menudo va de la mano con el incumplimiento.
Pero las excusas no alcanzan cuando la salud pública está en juego. Lo recordaron los funcionarios con cada acta levantada, cada botella incautada y cada olla descartada. “No vendemos eso aquí”, decía la encargada, mientras la evidencia hablaba por sí sola.
La clausura definitiva fue sellada no solo con formularios, sino con el peso moral de un atentado a la seguridad alimentaria. Los propietarios de ambos establecimientos fueron notificados y tendrán 48 horas para presentar sus descargos ante la Intendencia Municipal y la Unidad de Actividades Económicas. Uno por venta ilegal de bebidas, el otro por riesgo sanitario.
Al finalizar la tarde, los inspectores se retiraron dejando, más que sellos de clausura, la advertencia de que los controles continuarán, que las denuncias vecinales sí tienen eco, y que abrir un negocio en La Paz —en tiempos donde todo sube menos el ingreso— exige algo más que improvisación: exige legalidad.
La ciudad, mientras tanto, sigue. Hierve, vende, bebe y resiste. Entre clausuras, botellas escondidas y ollas oxidadas, late la eterna contradicción de una urbe que camina frágil, entre la necesidad y la norma.
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