Éxito Noticias, 17 de diciembre 2025.- La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), a través de su director ejecutivo, Pablo Camacho, presentó un panorama crítico sobre la situación de las empresas estatales en Bolivia, revelando serias deficiencias financieras y operativas acumuladas durante años.
En contacto con radio Éxito, detalló que de las 67 empresas públicas supervisadas, 64 enfrentan serias dificultades financieras, muchas de las cuales arrastran pérdidas históricas de millones de bolivianos. Señaló que algunas plantas, como la de San Buenaventura, fueron creadas con recursos públicos y recibieron condiciones crediticias excepcionales, incluyendo periodos de gracia de hasta trece años, sin que esto garantizara su funcionamiento o rentabilidad. Otro caso emblemático es la planta Quipus, cuyos productos nunca alcanzaron reconocimiento ni mercado significativo.
El director de OFEP explicó que el seguimiento de estas empresas se realizaba de manera precaria, con informes enviados en CDs a ministerios clave, pero sin que se tomaran decisiones efectivas. Camacho también cuestionó el destino de utilidades reportadas por empresas como YPFB, ENDE y Comibol, cuyos excedentes se destinaban a bonos sociales mientras se acumulaban pérdidas multimillonarias en otras unidades, sumando un déficit fiscal superior al 10% del PIB.
Sobre la posible privatización, Camacho remarcó: “No estoy indicando que se vaya a privatizar; se analizarán propuestas y se evaluará qué se puede rescatar y qué no”. Subrayó que muchas plantas funcionan en condiciones inviables, como la de cemento en Potosí, alejada de su yacimiento y sin acceso a gas, o la planta de procesamiento de frutas en Tarija, que carece de materia prima suficiente.
El funcionario también cuestionó proyectos como la fábrica de papas fritas en El Alto, que demandó 23 millones de dólares, operando con papa importada y sin infraestructura básica, afectando la soberanía alimentaria y la viabilidad del emprendimiento.
Camacho aseguró que OFEP está elaborando un diagnóstico completo, revisando normativa, balances y funcionamiento de cada empresa, para presentar en los próximos días un plan de trabajo y una ruta crítica al Ministerio de Planificación y al presidente. Reiteró que se trata de recuperar eficiencia y sostenibilidad, no de impulsar la privatización inmediata, y que la solución requerirá análisis detallado y plazos prudentes para garantizar decisiones responsables.
Asimismo, destacó la magnitud de las pérdidas acumuladas, ya que solo en 2024, las empresas estatales registraron pérdidas netas por 542 millones de bolivianos, incluyendo 197 millones de YLB o 14 millones en Mutún, cifras que, considera, podrían haberse destinado a hospitales, escuelas o infraestructura productiva.
Camacho concluyó que el desafío es recuperar la eficiencia de las empresas públicas, priorizar la inversión en sectores estratégicos y evitar decisiones precipitadas que comprometan los recursos del Estado.
