Éxito Noticias, 16 de diciembre 2025.- La Comisión de la Verdad que investiga presuntas irregularidades en el sector hidrocarburos ampliará su trabajo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en medio de cuestionamientos a las declaraciones de la actual directora de la ANH, Margot Ayala. Así lo confirmó el diputado de APB-Súmate, Diego Brañez, quien remarcó que todas las afirmaciones deberán ser esclarecidas ante la comisión y sometidas a verificación documental.
En contacto con radio Éxito, Brañez señaló que las declaraciones de Ayala, quien admitió haber presenciado irregularidades durante el anterior gobierno sin haberlas denunciado por temor, deberán ser explicadas formalmente.
“En su momento la directora va a tener que responder ante la comisión porque no se puede ser juez y parte”, sostuvo el legislador, al enfatizar que su paso de una década por la ANH obliga a un análisis riguroso de su rol y de la información que pueda aportar. Añadió que cualquier dato o testimonio será evaluado con cautela y corroborado antes de asumir conclusiones.
El diputado aseguró que desde la bancada de APB-Súmate no se negociará con nadie ni se permitirá ningún tipo de impunidad a cambio de información o documentación. “No vamos a negociar absolutamente con nadie”, afirmó, al tiempo de garantizar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso, pero advirtió que no habrá concesiones para personas que hayan causado daño económico al Estado y no habrá impunidad.
Brañez reconoció que investigar cerca de dos décadas de presunta corrupción es una tarea extensa y compleja, que incluso podría exceder el tiempo de la actual legislatura. Sin embargo, informó que la comisión trabaja de manera progresiva y ya fijó un primer plazo, en aproximadamente 30 días, hacia la tercera semana de enero, se presentará un informe preliminar con los avances de la investigación. Este documento será dado a conocer oficialmente a la población y al presidente, y servirá de base para iniciar las acciones penales correspondientes.
El objetivo, explicó, no solo es que los delitos sean sancionados, sino también recuperar los recursos desviados y devolverlos a las arcas del Tesoro General del Estado. Para ello, la comisión prevé auditorías a las cuentas bancarias de los involucrados, así como de familiares y allegados, tomando en cuenta el modus operandi identificado en otros casos de desvío de fondos y salida de capitales del país.
Como siguiente paso inmediato, Brañez adelantó que se coordinará el trabajo técnico en casos específicos, entre ellos Botrading y YPFB, con el fin de cruzar información y profundizar las indagaciones. Reiteró que el proceso se llevará adelante de manera imparcial y transparente, con el compromiso de esclarecer responsabilidades sin interferencias políticas ni acuerdos de conveniencia.
