Éxito Noticias, 19 de enero 2026.- El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, Vicente Salazar, ratificó el estado de emergencia y advirtió que las organizaciones sociales continuarán movilizadas frente al proyecto de ley antibloqueo, a su criterio, buscan restringir el derecho a la protesta y la libre expresión.
En entrevista con radio Éxito, el dirigente responsabilizó principalmente a la Asamblea Legislativa por impulsar normas que “quieren cuartar nuestros derechos de libre expresión” y que se plantean sin consenso ni análisis técnico. Señaló que las marchas, bloqueos y huelgas son consecuencia directa de la falta de respuesta del Gobierno y el Legislativo a las demandas de la población. “Si no hiciera caso omiso a los pedidos de la población, obviamente no hubiera paros, ni marchas, ni bloqueos”, sostuvo.
Salazar rechazó el argumento de que las movilizaciones hayan generado pérdidas económicas cuantificadas, al señalar que no existe un estudio técnico que lo demuestre. A su juicio, la Asamblea actúa “de mala fe” y legisla en contra del pueblo, sin promover normas orientadas al desarrollo productivo. “No hemos visto hasta el momento que haya sacado una ley que sea productiva para el desarrollo integral”, afirmó, al tiempo de cuestionar el rol de los legisladores y el uso de recursos públicos.
El dirigente explicó que las medidas de presión no fueron inmediatas, sino el resultado de varias semanas de marchas iniciadas en diciembre, incluso durante las fiestas de fin de año, sin obtener respuesta. Recién después, indicó, se optó por acciones más drásticas como los bloqueos, previa consulta a las bases. “No es que hemos ido directamente al bloqueo”, remarcó.
La principal demanda de las organizaciones campesinas es el archivo de los proyectos de ley que consideran atentatorios contra el derecho a la protesta, un derecho que, afirmó, está reconocido a nivel internacional. En ese marco, advirtió que la aprobación de estas normas podría profundizar el conflicto social. “No creo que haya cárceles para tres millones de personas”, expresó, al señalar que este tipo de leyes apuntan contra amplios sectores de la población.
Salazar también cuestionó la falta de diálogo con las organizaciones sociales y denunció intentos de invisibilizarlas. “Nos quieren callar la boca, nos quieren coartar de nuestra libre expresión”, dijo, al recordar que los sectores indígenas y campesinos han sido fundamentales en los procesos electorales y deben ser tomados en cuenta en la toma de decisiones.
Asimismo, el dirigente llamó a la unidad entre autoridades nacionales y a retomar el consenso para enfrentar la crisis del país. No obstante, advirtió que, si no se archivan los proyectos observados, las bases definirán nuevas medidas. “No quisiéramos llegar a otras medidas”, afirmó, aunque reconoció que el descontento social podría desbordar incluso a los propios dirigentes.
