Éxito Noticias, 18 de diciembre 2025.– El Decreto Supremo 5503, que estabiliza los precios de la gasolina, el diésel y otros derivados del petróleo, permite al Estado destinar mayores recursos a YPFB para reactivar sus refinerías, incrementar la producción nacional de combustibles y, al mismo tiempo, aumentar la inversión en programas sociales como la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, beneficiando directamente a municipios, gobernaciones y universidades.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, explicó que la reciente medida de estabilización de precios de los combustibles mediante el Decreto Supremo 5503 no se trata simplemente de un aumento de los precios de la gasolina, diésel y otros derivados del petróleo, como ocurrió en 2010. “Se ha construido toda una arquitectura de la cadena de valor de los precios: se ajusta el precio de referencia, los márgenes de refinería, transporte, distribución mayorista y minorista, así como la tasa del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados”, indicó.
El Ministro señaló que este enfoque permite dar mayores recursos a YPFB, reactivar sus plantas y refinerías, y preparar la llegada de crudo para incrementar la capacidad de refinación del 30% actual hasta un 90%, impulsando así el Producto Interno Bruto a nivel industrial.
Además, el ajuste de precios beneficia directamente a los productores nacionales y al Estado, al incrementar los ingresos por regalías: “Cuando sube el precio en Boca de Pozo, aumentan los ingresos por regalías del 11%, la regalía de Beni y Pando del 1%, la participación del Tesoro General de la Nación (TGN) del 6% y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del 32%. Esto fortalece los presupuestos de municipios, gobernaciones, universidades y otras entidades, siguiendo la lógica del 50-50 de nuestro presidente Rodrigo Paz”, expresó Medinaceli.
El Ministro aclaró también las razones detrás de la diferencia entre los precios de gasolina y diésel: mientras la mitad de la gasolina se produce en el país y su control es más estricto, gran parte del diésel es importado y más vulnerable al contrabando. Por ello, el ajuste busca reducir las oportunidades de arbitraje ilícito, evitando que operadores inescrupulosos se lucren a costa del contribuyente.
Respecto al futuro del abastecimiento, Medinaceli señaló que el próximo año se traspasará gradualmente al sector privado la distribución de gasolina y diésel, sin excluir a YPFB, que podrá operar mediante bloques mayoristas, asegurando la estabilidad del suministro para los próximos cinco años. Esta medida forma parte de los cuatro pilares de la reforma energética: nuevas leyes de hidrocarburos, electricidad, energías verdes y litio, que buscan integrar al sector privado nacional e internacional en la cadena de valor energética.
En términos de impacto fiscal, el Ministro destacó: “Mantener la subvención a la gasolina y al diésel representaba para el año 2026 un costo estimado de $us 3.500 millones, equivalente a financiar entre tres y cuatro teleféricos por año, similares al sistema que opera en La Paz. Si se mantenía el subsidio, el Estado hubiera enfrentado un gasto de $us 10 millones por día. Este ahorro ahora permite incrementar la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto y otras partidas de carácter social”.
