Éxito Noticias, 4 de diciembre 2024.- El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, respondió a las críticas de sectores privados sobre la disposición adicional séptima del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2025 (PGE 2025), asegurando que su propósito no es estigmatizar a los productores, sino controlar el desvío de productos nacionales por parte de intermediarios.
En una conferencia de prensa, Montenegro explicó que la medida busca evitar que los productos esenciales sean almacenados o retenidos de manera irregular, encareciendo así los precios.
La disposición adicional séptima otorga a las autoridades la facultad de implementar acciones de control, fiscalización y decomiso de productos alimenticios que sean almacenados, retenidos o comercializados de forma que afecten el abastecimiento y los precios en el mercado.
Sin embargo, la normativa ha generado un fuerte rechazo entre industriales y productores, quienes argumentan que podría generar inseguridad jurídica y obstaculizar la inversión. La Cámara Nacional de Industrias calificó la disposición como un posible instrumento “discrecional, arbitrario, represivo y extorsivo”.
En respuesta a estas críticas, Montenegro detalló que el Gobierno ha iniciado jornadas de socialización con los sectores productivos del país para explicar los alcances de la medida. Aseguró que la disposición fue una solicitud de varias regiones y el presidente Luis Arce para controlar las especulaciones y el contrabando de productos, especialmente hacia las fronteras.
“¿Vamos a inventar que no se están sacando productos como arroz, huevo y carne fuera del país? Este control es necesario y debe estar respaldado por una normativa legal”, enfatizó el ministro.
