Éxito Noticias, 17 de septiembre 2026.– La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, explicó este jueves ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados las razones por las que profesionales de salud de Santa Cruz que ganaron convocatorias realizadas en 2020 no recibieron sus memorándums de designación. El informe oral fue solicitado para conocer qué ocurrió con los procesos de selección y la asignación de los ítems.
Durante la sesión, la diputada Marlene Miranda presentó 25 preguntas a la ministra, quien respondió a cada una y entregó documentación como respaldo. Tras escuchar las explicaciones, Miranda afirmó estar satisfecha con las respuestas y señaló que los profesionales que participaron en las convocatorias recibirán información sobre los antecedentes y las decisiones adoptadas respecto a sus casos.
Flores explicó que las convocatorias de 2020 fueron anuladas debido a observaciones técnicas que, según indicó, no podían ser corregidas. Además, informó que de aproximadamente 204 ítems considerados en ese proceso, 28 se encontraban vacantes, mientras que el resto ya estaban ocupados. A esto se sumó que el Ministerio de Salud no formó parte del Tribunal Calificador, situación que, de acuerdo con la autoridad, generaba la nulidad del proceso cuando se trataba de ítems dependientes del ministerio.
Otro de los puntos expuestos por la ministra fue la existencia de una sentencia constitucional emitida en Sucre, mediante la cual se rechazó la solicitud presentada por los profesionales y se estableció que el Ministerio de Salud no podía emitir los memorándums de designación. Los postulantes apelaron esa decisión y el recurso actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que todavía debe emitir un fallo sobre el caso.
Asimismo, Flores señaló que la vía administrativa ya quedó cerrada debido a un recurso jerárquico firmado durante la gestión del expresidente Luis Arce, mediante el cual se rechazaron los recursos de los postulantes. Según explicó, esa decisión se basó en que los recursos fueron presentados fuera de plazo y, por ello, el acto administrativo quedó firme. Mientras el Tribunal Constitucional no resuelva la apelación, continúa pendiente la situación de los profesionales que ganaron las convocatorias de 2020.
