Éxito Noticias, 22 de diciembre 2025.- El presidente Rodrigo Paz Pereira sostuvo este lunes una reunión en La Paz con la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN R.L.) y representantes de federaciones departamentales. El encuentro tuvo como eje central el impacto del Decreto Supremo 5503 y derivó en la instalación de mesas de trabajo permanentes para revisar la normativa sectorial y garantizar la estabilidad productiva de la minería cooperativista.
Durante la cita, el Ejecutivo ratificó a FENCOMIN como la única entidad matriz del sector, bajo el amparo de la Ley General de Cooperativas 356. Asimismo, se acordó trabajar en un marco normativo específico que fortalezca la actividad minera y evite que el DS 5503 afecte la producción. El Gobierno también se comprometió a atender demandas urgentes como el suministro de combustibles y el abastecimiento de explosivos, además de impulsar la capacidad de la Empresa Nacional de Explosivos y abrir el mercado a nuevos proveedores.
El acta de resolución firmada en la reunión establece siete puntos clave. Entre ellos, la creación de una comisión permanente de trabajo que iniciará funciones el lunes 29 de diciembre en la Casa Grande del Pueblo, con la presencia del Presidente y sus ministros. También se incluye el compromiso de controlar los precios de la canasta básica para mitigar efectos inflacionarios, promover una ley corta que modifique el artículo 151 de la Ley 535 y permitir la asociación entre cooperativas y empresas privadas.
Otro aspecto relevante del acuerdo es la apertura de relacionamientos internacionales para incorporar nuevas tecnologías en toda la cadena productiva minera, así como el estudio de la exportación de minerales. Los dirigentes de FENCOMIN destacaron que estas medidas buscan modernizar el sector y garantizar que las cooperativas mantengan su competitividad en el mercado global.
Finalmente, ambas partes coincidieron en trabajar de manera conjunta en la modificación progresiva de la Ley Minera, hasta llegar a la elaboración de una nueva normativa integral. Con este acercamiento, Gobierno y cooperativistas pretenden evitar conflictos sociales y asegurar que el desarrollo extractivo nacional se mantenga estable en un contexto de tensión por las políticas económicas vigentes.
