Éxito Noticias, 26 de febrero 2026.- La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, a través de su dirigente Andrés Paye, ratificó el estado de emergencia definido en el último ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) y advirtió que no se descartan futuras medidas de presión frente a lo que consideran desaciertos en la gestión gubernamental.
Paye señaló que la determinación fue asumida de manera orgánica y unánime por las organizaciones afiliadas, ante la preocupación por la situación económica del país, el endeudamiento externo y la provisión de combustibles. Cuestionó las filas para la adquisición de gasolina en distintos departamentos y observó las presuntas fallas en la calidad del combustible, que estarían afectando a transportistas y generando mayores costos económicos.
Asimismo, dirigente expresó reparos sobre el incremento de créditos externos y la falta de información clara respecto al destino de esos recursos. Sostuvo que el nivel de endeudamiento podría comprometer la capacidad futura del Estado y advirtió sobre eventuales condicionamientos vinculados a recursos naturales estratégicos, como el litio.
El representante minero también planteó la necesidad de consolidar una política económica de Estado basada en el fortalecimiento del aparato productivo y la industrialización de los recursos naturales, con participación estatal y privada bajo reglas claras. A su criterio, el país debe apuntar a generar una economía propia que reduzca la dependencia de préstamos internacionales.
Respecto a versiones que señalan que anteriores movilizaciones habrían sido articuladas desde la cárcel por el exdirigente Juan Carlos Huarachi, Paye rechazó esas afirmaciones y aseguró que las decisiones adoptadas por la COB y sus sectores afiliados responden a determinaciones colectivas asumidas en ampliados y cabildos.
El estado de emergencia implica la evaluación permanente de la coyuntura y la posibilidad de activar movilizaciones si así lo determinan las bases. La dirigencia sostuvo que continuará vigilante a las políticas económicas y a las decisiones del Ejecutivo, en demanda de medidas que respondan a las necesidades del conjunto de la población.
