Éxito Noticias, 19 de noviembre 2025.- Militares procesados por la toma de Plaza Murillo ocurrida el 26 de junio de 2024 solicitaron ser incorporados en el proyecto de ley de restitución de derechos y funciones que actualmente beneficia a uniformados y policías procesados durante la crisis política y social de 2019. La petición busca que se reconozca la similitud de ambos casos, en los que aseguran haber sido víctimas de persecución política.
El abogado Eusebio Vera, representante de los militares, sostuvo que el proceso abierto contra sus defendidos es un “caso armado” y que no existen pruebas que demuestren la comisión de un golpe de Estado. “El objetivo era fortalecer al presidente en un momento histórico de crisis, cuando se proyectaba un bloqueo de caminos por parte del transporte pesado”, explicó.
Vera argumentó que la ley debe ser general y no puede discriminar a nadie, por lo que tanto los hechos de 2019 como los de 2024, aunque con diferencias, tienen un trasfondo político común. En ese sentido, insistió en que los militares procesados deben ser incluidos en el proyecto de restitución de derechos para garantizar igualdad de trato.
El jurista añadió que más de 30 funcionarios militares fueron dados de baja tras los sucesos de junio, lo que evidencia la magnitud del impacto en las Fuerzas Armadas. La demanda de inclusión en la norma se convierte así en un nuevo punto de debate dentro del escenario político y judicial del país, donde persiste la discusión sobre la responsabilidad de los uniformados en momentos de crisis.
