Éxito Noticias, 24 de julio 2022.- El expresidente y líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que el sistema judicial de Bolivia ha caído a su peor nivel, ya que “al estar al servicio de oscuros intereses de los gobernantes, los derechos y libertades individuales han pasado a depender del capricho de los corruptos”.
“Cuando jueces y fiscales están al servicio de oscuros intereses de los gobernantes, los derechos y las libertades individuales pasan a depender del capricho de corruptos. La justicia en Bolivia ha caído a su peor nivel. Debemos recuperarla para salvar la democracia”.
expresó el exmandatario a través de redes sociales.
Las declaraciones de Mesa surgen después que un juez cautelar dispuso la detención preventiva de tres sujetos acusados por “tenencia, porte y portación ilícita” e identificados por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como integrantes de un “grupo parapolicial” y “delincuencial”.
La aprehensión de los sindicados se produjo después que concluyó la marcha de dirigentes sectores sociales, encabezados por el Colegio Médico de Bolivia, fueron interceptados en la plaza Abaroa y conducidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Del Castillo justificó la detención argumentando que los tres varones portaban escudos artesanales, cascos, petardos y otros objetos. Sin embargo, un grupo afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) interceptó la manifestación y utilizó piedras, botellas e incluso cachorros de dinamita para dispersar a los movilizados. Por este hecho, no se registró detenidos.
La anterior semana también se activó un nuevo proceso contra líderes de oposición, entre ellos Mesa, a denuncia de Rolando Cruz, representante del autodenominado ‘Comité Impulsor del Juicio por los hechos de 2019’.
La demanda fue interpuesta en la ciudad de Sucre por los delitos de alzamiento armado y acusó a los opositores de atribuirse derechos del pueblo, conspiración, atentado contra el presidente, instigación a delinquir y organización criminal y genocidio.
Cruz presentó una larga lista de opositores acusados de ser responsables de la ruptura del orden constitucional de ese año y posterior “terrorismo de Estado” que derivó en la asunción de Jeanine Áñez al poder.
